Cuando China le pidió crédito al Banco Mundial para comenzar a construir en su territorio «Tres Gargantas», la represa más grande del mundo todavía no terminada, la institución le dijo que no se lo daba porque afectaría la fauna, la flora e inclusive la vida humana al alterar el medio ambiente. Los chinos decidieron construirla igual, con financiamiento propio, tras explicar que más adelante cuidarían el medio ambiente pero por ahora privilegiaban el crecimiento porque tienen 900 millones de habitantes en la pobreza. Efectivamente 75% de la energía china proviene todavía del carbón y el gran aporte en hidroelectricidad de «Tres Gargantas» sólo mejorará en apenas 4% la situación.
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Las papeleras -en realidad fábricas de pasta celulosa que se emplea en la fabricación de papel- en Fray Bentos tienen como telón de fondo la misma disyuntiva: si se hacen mermará la salud humana de habitantes de la zona, tanto argentinos como uruguayos. Si no se hacen, no saldrá del estancamiento el bienestar por ingresos que se pierden residentes del vecino país.
No hay exactitud total con el caso chino porque allí un gobierno decidía para sus ciudadanos menos salud pero más progreso. En el caso de estas papeleras el gobierno de Uruguay decide instalarlas por más trabajo, inversiones y exportaciones afectando la salud de ciudadanos de Fray Bentos, pero también de un país vecino que no tendrá oportunidad alguna vez de castigar con votos o no a gobernantes que decidieron esa opción.
No hay dudas que al haberse levantado el ilegal corte de rutas desde el lado argentino el vecino y hermano país de Uruguay carga con la culpa de la crisis planteada si, desde ya, se determina contaminación. Que su presidente Tabaré Vázquez haya pedido precisamente a ese severo Banco Mundial financiamiento para empresas como Botnia que pueden afectar el medio ambiente y, obviamente, haber sido no beneficiado demuestra la falta de argumentos del mandatario. Sin que haya un dictamen -no de partes ni de empresas interesadas- tal organismo no concede, como se vio con la represa china. Tampoco refuerza a Uruguay amenazar con denuncia propia similar a la que hizo la Argentina, ante la Corte Internacional de La Haya por plantas celulósicas argentinas en el Paraná, que es un río interno y no viola ningún acuerdo sobre aguas compartidas como es el caso del río Uruguay con costas binacionales. Además, es ya más que sabido que ninguna planta argentina tiene el nivel de producción -1.500.000 toneladas anuales en un mismo lugar- como sumarán ENCE y Botnia juntas en Fray Bentos.
Un Partido Colorado que había recibido un escaso 10% en las urnas y debía dejar el gobierno uruguayo, 15 días antes de ceder el cargo al ganador Frente Amplio (52% de los votos) lo embretó aprobando la radicación de Botnia para producir un millón de toneladas junto a la ya instalada y hasta con puerto propio, la española ENCE, que si solo producía 500.000 toneladas de celulosa no hubiera sido objetada, porque sería similar a las de la Argentina nunca concentradas en un mismo lugar.
El Frente Amplio y su presidente Tabaré Vázquez antes de lograr 52% de los votos habían incluido en su proselitismo electoral la oposición a las «papeleras». Si fueron votados mayoritariamente ¿cómo saben que los uruguayos de Fray Bentos, a 12 kilómetros de las plantas en construcción, optaron por vivir mejor con salarios para todos aunque deban sacrificar la salud?
No olvidemos que fueron dos uruguayas, Julia Cóccaro y Delia Villalba -esta última legisladora del mismo Frente Amplio de Tabaré Vázquez- quienes en 2003 alertaron a los entrerrianos sobre la terrible amenaza que se cernía sobre Fray Bentos en el vecino país y sobre Gualeguaychú.
Posteriormente Juan Otegui, de la forestación, Ronald Breare, gerente general de Botnia, y gente de Porter Novelli recorrían medios de prensa de Buenos Aires (aún no se había generalizado la protesta entrerriana ni se había producido ningún corte de ruta) previendo que hubiera queja contra la contaminación.
Este es el trasfondo, dinero o salud, y no es fácil de resolver para un ciudadano uruguayo porque el bienestar que puede venir ya de las plantas con su construcción y más adelante con su funcionamiento debe cotejarlo contra el deterioro de salud que es una eventualidad futura mientras que ya ahora con la obra creció el ingreso. Se piensa que por ahí se puede ganar lo suficiente como para mudarse a otro lugar donde arriesgar la salud no exista en ese futuro.
Pero nada salva a los argentinos de Gualeguaychú enfrente, a sólo 30 kilómetros, con ninguna mejora económica -al contrario, se empobrecerían por bajar el turismo a zona contaminada- y además con la perspectiva de perder salud porque la producción de celulosa en base a dióxido de cloro (es lo que hace más blanco al papel cuando más puro se lo use) produce dioxina que es una sustancia «cancerígena humana», determinada así internacionalmente. Además otro remanente, con el furacio, acentúan asmas, traen irritaciones cutáneas, afectan al feto en embarazadas porque contaminan aire y aguas, sobre todo en el río Uruguay que no tiene gran caudal.
Unas 250.000 personas alrededor de ambas plantas -con tan alto nivel de producción concentrado que es lo asesino- correrán riesgos y esto hace que desde ahora y permanentemente será una discusión. Es un tema gravísimo, de los que no se superan como los limítrofes entre naciones, precisamente por los valores supremos de la persona humana que están en juego, la vida o el bienestar.
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