El Radicalismo Auténtico, la rama partidaria que debutó en la interna con fuertes críticas a Mauricio Macri en enero de este año y pidiendo que la UCR se separara del PRO, aterrizó ayer en el conflicto por la denuncia de presiones sobre el extitular de la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia, Mario Cimadevilla en el caso de los fiscales de la causa AMIA por parte del exministro de Justicia, Germán Garavano.
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Ese grupo de radicales integrado por Federico Storani, Ricardo Alfonsín, designado embajador en España por Alberto Fernández, Juan Manuel Casella, Luis María Bunge Campos y Miguel Ponce entre otros, que utiliza un logo que remite directamente al que Raúl Alfonsín utilizó en la campaña presidencial de 1983 pero mutando el celeste al rojo, emitió ayer un comunicado donde explica que Cimadevilla “en el Senado fue objeto de una serie de ataques por parte de los senadores del interbloque de Juntos por el Cambio”.
“Nos vemos en la obligación de hacer algunas precisiones, porque ese ataque fue antidemocrático y contrario a las instituciones de la República”.
“¿Qué es lo que tanto les molestó?”, argumenta esa rama de la UCR que se acerca al gobierno y que viene cuestionando a Macri desde que estaba en el gobierno.
“Que se dijera que los jueces deben ser independientes y no estar al servicio del poder. Ese fue el tema que generó la molestia. A muchos nos produce estupor que se haya mencionado, como si se tratara de algo normal, que el expresidente Macri se reuniera con una “mesa judicial”, integrada no sólo por funcionarios del Ministerio de Justicia, sino por personas que no ocupaban ningún cargo, ni en el Ministerio ni en el Gobierno.
¿Cuál era el rol institucional de la llamada “mesa judicial”? ¿Cuál es la contribución que esa “mesa” hizo al mejoramiento de la función judicial?”, dice el comunicado.
“Cimadevilla era funcionario del Ministerio y denunció la idea del gobierno de tener “jueces del poder”. ¿No es eso acaso suficiente para escucharlo y tomarse en serio lo dicho?
El Ministerio de Justicia era querellante en la causa por el encubrimiento del atentado a la AMIA. Se cambió de abogado, colocando a un profesional directamente vinculado con una persona particular que integraba la mencionada “mesa judicial. Y efectivamente, la querella de la Unidad AMIA no acusó a las personas que Cimadevilla denunció que quisieron proteger. ¿Esto no amerita que se investigue esa actuación? No cabe preguntarse qué motivos jurídicos se alegaron para no acusar a los dos fiscales que luego resultaron condenados”, abundaron allí.
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