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• Como legislador estuvo entre el 17 de agosto del '94 -en reemplazo del menemista Esteban Llamosas-y el 24 de noviembre del '95; y de esa fecha al 11 de diciembre de 1996 cuando renunció con el insólito argumento de «imposibilidad moral de continuar con el mandato popular que me fuera oportunamente confiado». Afecto a los golpes de efecto mediáticos, Juez criticó en esa oportunidad un aumento de sueldo que habían decretado sus pares, y aprovechó la oportunidad para una salida honorable. Posteriormente, y sin reparar en ningún cansancio moral, realizó como fiscal anticorrupción las siguientes denuncias:
• Abrió investigaciones por incompatibilidad funcional (la misma en la que él habría incurrido en los años '94 al '96) a una docente de Cruz del Eje, Ana María Oldano de Muñoz, por «desempeñarse como directora y profesora en la Escuela República del Perú». En febrero del año pasado, Juez, un conocedor del tema, había implementado un «programa de detección de incompatibilidades en los puestos públicos».
• Pero sin dudas, la actuación que más réditos mediáticos le brindó fue cuando denunció por incompatibilidades a dos, en ese entonces funcionarios de la gestión de José Manuel de la Sota. Acusó al ex secretario de Seguridad, Aldo Abril; y a la actual jefa del Servicio Penitenciario de la Provincia, Graciela Lucientes de Funes, por ser titulares de registros de la Propiedad Automotor Nº 4 y 15, respectivamente.
• Sólo en el año '94 Juez percibió en Papel Prensa, y ya siendo diputado suplente, 82.824 (dólares); en el '95, 74.916; y en el '96, 74.916.
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