Berlusconi propone reformas a la Justicia, mientras las calles de Italia se llenan de gritos

Brindamos a continuación dos análisis de hechos que ocurren hoy en Europa. Tienen particular relación con la Argentina, que soporta hoy desbordes en sus calles con tendencia al anarquismo y con el resultado de graves daños a la propiedad privada y pública. Desde ya hay una diferencia: en España e Italia no hay ahorristas cuyos derechos más elementales, la propiedad de sus ahorros colocados en bancos, fueron violentados. Allá todo es politizado sin vinculación económica inmediata. Aquí la crisis económica impulsa a manifestantes que preferirían quedarse en sus casas, que han sido ajenos en sus vidas a este tipo de manifestaciones y casi se han visto obligados a participar como intento, comprensible, de resguardar sus derechos. Pero aquí también desde los «escraches» hasta las marchas de ahorristas y «cacerolazos» está el componente político de algunos sectores que aprovechan, se infiltran y activan la violencia entre manifestantes pacíficos. Esto es lo criticable porque, además, se está usando el dolor de damnificados legítimos a los que, además, odian por «burgueses» aunque ahora los usen como excusa.

Silvio Berlusconi, en Italia, ganó democráticamente la última elección y paga las consecuencias de que la izquierda, no precisamente democrática, le anarquice las calles. «Ellos tendrán las manifestaciones, yo tengo los votos», dice. ¿Basta con las elecciones periódicas, que es donde la mayoría de la gente rechaza el anarquismo izquierdista y su impotencia?

Italia es una muestra del giro al centro que caracteriza a la Europa de hoy, que no oculta su desencanto con los sectores radicalizados, preocupada por un doble temor: los efectos de una recesión que mantiene altas tasas de desocupación y el terrorismo, que demasiados identifican con la inmigración musulmana.

Berlusconi cuenta con mayorías parlamentarias que le permitirán llevar adelante las reformas que buscan quienes lo votaron.

La izquierda italiana, en cambio, está en el caos. Tanto, que Massimo D'Alema ha anunciado que pasará un tiempo en los Estados Unidos. Para «tomar distancia».

• Recurrencia al "uso" de la calle

Buscando algo común que las vuelva a reagrupar, esas fuerzas italianas de izquierda han «tomado» la calle. Atacar a Berlusconi en cuestiones específicas, como el conflicto de intereses en las comunicaciones o la reforma judicial que el gobierno está proponiendo, es la excusa para convocar a manifestantes.

Haciendo de la política un espectáculo y no una confrontación de ideas, los radicalizados italianos rememoran los métodos de su tan odiado fascismo. Faltaría que contra Berlusconi, en lugar de una «marcha de las camisas negras de Mussolini», hubiera, con similar anarquismo, una de las «camisas rojas». Se reemplaza la conversación civilizada por la gritería jacobina transmitiendo intranquilidad y confusión.

Pero la mayoría de los italianos sabe bien que, más allá de las coyunturas, la suerte de los países no depende de las «plazas» o «las marchas».

En abril de 1948, el entonces líder del comunismo, Palmiro Togliatti, convocaba multitudes en las calles. Había impresión de avalancha electoral. No fue así. En las urnas, ganó Alcides De Gasperi.

Las multitudes «organizadas» exteriorizan una suerte de abdicación de la política y, cuando son «incentivadas», pasan a fraude.

No sólo intimidan, sino que alejan de la reflexión de debate. Porque canalizan protestas y no propuestas. Incitan a demoler sin alternativas y transmiten exasperación o frustraciones, sin edificar. Como método, son la negación de la serenidad.

En ese ámbito reapareció el terrorismo, asesinando al profesor Marco Biagi. Lamentablemente.

Cuando una nación desciende al caos, la violencia y la inseguridad, su gente se tiene que enfocar en la supervivencia y extravía el largo plazo. El ciclo de inestabilidad, en más, se retroalimenta. Y ese país se hace difícil de gobernar.

• Las propuestas del gobierno italiano

Italia, como la Argentina, está insatisfecha con su Justicia. En particular, harta de su lentitud.

Seis mil ciudadanos han iniciado juicio al Estado por resarcimiento por la duración de los procesos en los que han estado sumergidos por años. Unas 700 condenas han recaído ya contra el Estado, por lentitud. Los jueces, según las normas, deben decidir esos reclamos dentro de cuatro meses de promovidos. Las condenas establecen indemnizaciones de 1.000 euros por año de retardo «anormal». La normalidad, a su vez, es definida como tres años para la primera instancia y dos años para la apelación. Por encima es inaceptable. Y da lugar a tener que indemnizar. El costo del reclamo se estima en unos 300 euros.

El caso de Italia parece, no obstante, que es menos grave que el argentino.

Allí se asume que los jueces son neutrales a las causas que manejan. Aquí, no necesariamente. Aunque alguno, por un mal entendido nacionalismo (o buscando notoriedad), ha llegado a la aberración de aceptar denuncias impresas seriadas con distintos denunciantes. Una fea sensación de miedo crece en la sociedad argentina como consecuencia de la caída del estado de derecho. El gobierno italiano, en busca de progreso para su Justicia, ha formulado una serie de propuestas. Su autor es el ministro de Justicia, Roberto Castelli.

La primera supone separar estrictamente la magistratura del rol del Ministerio Público. O una cosa u otra. Dos carreras separadas, entonces.

Además, todos los magistrados, para conservar sus puestos, estarán sujetos a demostrar su eficiencia profesional. Su labor será, en consecuencia, auditada. Por lo demás, la promoción estará relacionada con el rendimiento, dejando de ser sólo función de la antigüedad.

Se propone, asimismo, una escuela permanente de perfeccionamiento judicial, a la que deberán concurrir periódicamente los magistrados. Es necesario, y aquí en la Argentina algo de eso se hace, pero poco.

Nadie puede quedarse detenido en el tiempo, cuando el mundo de la realidad evoluciona. Menos aún los jueces. No bastará la noción de la carrera judicial como sacerdocio laico, por tanto con menos requerimientos en pos de premiar alguna abnegación. El futuro, se propone, tendrá que ver con la eficiencia en el servicio confiado por la sociedad a sus magistrados.

Desde ya, pagándoles bien a los jueces. Que no sientan que están sacrificando su profesionalidad hacia un bienestar adecuado.

El Congresso dell'Associazione Magistrati no está de acuerdo con varias de las reformas propuestas y amenaza con una huelga corporativa.

No será a favor de mejorar los tiempos y la calidad de la Justicia, que allí como aquí constituye un reclamo de la sociedad. Previsiblemente, defenderá el «status quo ante». Así, un país se detiene.