El país perdió u$s 650 millones

Mucho se ha hablado en estos días de la necesidad de bajar el gasto público para que de esta manera baje el riesgo-país. Sin embargo, poco se habla de la política y gestión de la deuda externa, a pesar de que es el gasto público que más ha crecido en los últimos años. Este «Ministerio de la Deuda Externa» se va llevar el año que viene 11.400 millones de dólares sólo por el pago de intereses, más del doble de los que se llevaba en 1996.

Además de llevarse 22% de los recursos presupuestarios, este «Ministerio» tiene una responsabilidad estratégica para el conjunto de la economía: fija la tasa de interés a la que se endeuda el Estado. O sea, le pone el piso a la tasa de interés del resto de los agentes económicos, lo que determina a su vez el nivel de actividad económica general. Es un lugar común escuchar que la deuda es producto del déficit fiscal y del mal gasto público (aunque en realidad el déficit es producto del lastre de la deuda), pero nadie puede negar la necesidad de mejorar la eficiencia del Estado, gastando menos y mejor.

Pero el mismo criterio y la misma fortaleza debe aplicarse en una correcta y transparente administración de la deuda pública. No es racional poner una lupa microscópica únicamente en los gastos sociales y cerrar los ojos a la hora de analizar la política de la deuda y su administración. Cuando algunos planteamos la necesidad de reestructurar la deuda, que es necesario un nuevo acuerdo con los acreedores, se nos acusa de que estamos intranquilizando al «mercado» y que hacemos subir la tasa de riesgo-país.

Sin embargo, en realidad la tasa de riesgo-país ha crecido entre otras razones por operaciones como el canje de bonos realizado en el mes de junio pasado. Sus responsables funcionales han sido el ministro de Economía José Luis Machinea, el secretario de Hacienda Mario Vicens, el secretario de Finanzas Daniel Marx, y el subsecretario de Financiamiento Julio Dreizzen, de quién depende la Oficina Nacional de Crédito Público. Fue autorizado e implementado mediante las resoluciones 180 y 223/ 2000 del secretario de Hacienda Vicens; y la resolución 440/2000 del ministro de Economía Machinea.

La operación de canje se llevó a cabo en la primera semana del mes de junio pasado, a una velocidad inusitada, rescatándose u$s 3.330.3 millones en bonos Brady, con vencimientos en el año 2023, cuya tasa de interés media oscila entre 6 y 7% anual, a cambio de la emisión de u$s 2.402,7 millones de bonos Global Externos, con vencimiento en el año 2015, con una tasa de interés de 11,75% anual y un rendimiento según condiciones de emisión de 13,302% anual, más el pago de u$s 289,6 millones en efectivo.

El 8 de junio, las autoridades económicas, mediante un comunicado de prensa del secretario de Finanzas Daniel Marx, informaron que con el canje se habría obtenido una reducción de la deuda bruta de $ 927,6 millones, y una ganancia financiera en términos de valor presente neto de u$s 218 millones, cifras que a su vez se encuentran ratificadas en el Boletín Fiscal del 2º Trimestre 2000 del Ministerio de Economía («Canje De Deuda Pública 5/06/2000»).

Pero de acuerdo a la denuncia ante la Sindicatura General de la Nación efectuada por el Sr. Francisco Javier Llorens y que presenté en la sesión de la Cámara de Diputados del día 7 de diciembre, para que fuera girada a la Auditoría General de la Nación: «ambas cifras SON FALSAS, ya que en realidad la reducción bruta de la deuda fue de u$s 837,3 millones, y la ganancia económica financiera a valor presente neto no existió, sino que por contrario existió una PERDIDA del orden de los u$s 650 millones.

La primera cifra fue obtenida mediante computar el valor caratular de los bonos FRB recibidos en canje, no su valor residual en ese momento; y mediante efectuar un fraudulento canje adicional con el Banco Central, por el cual a cambio de esos mismos bonos FRB, se obtuvieron bonos Par y de Descuento con sus garantías colaterales, mejorando con esta «contabilidad creativa» los resultados de esa ruinosa operación.

La segunda cifra fue obtenida mediante computar doblemente, para el cálculo del valor presente neto, a las garantías colaterales de los bonos Brady rescatados, correspondientes al pago del capital y un año de sus intereses, más el pago del capital de los bonos y de todos sus intereses, punto en el que radicaría la sustancia de la defraudación». Por todo lo expuesto creo necesario una investigación a fondo de esta opera-ción, ya que correspondería la anulación de ese canje de bonos de la deuda externa.

Existen objeciones de forma, ya que no hubo consulta previa al BCRA y de fondo por el claro desmejoramiento de los plazos y tasas originales, ya que el canje se realizó a una tasa real de 17 por ciento, un verdadero despropósito usurario. Por lo tanto, sería aplicable el art. 66 de la Ley 24.156 y la operación debe considerarse nula.

Quienes hoy negocian el «blindaje» no tienen autoridad moral ni técnica para hacerlo, por ser los mismos responsables de esta ruinosa operación financiera. También le cabe una responsabilidad al Congreso Nacional, que ha delegado en el Poder Ejecutivo el arreglo de la deuda interna y externa, funciones propias que le fija la Constitución Nacional (art. 75) y no ejerce sus facultades de control. En especial al bloque de diputados de la Alianza, que durante la discusión del Presupuesto Nacional rechazó la propuesta, que efectué en el recinto, de un mayor control y transparencia en la gestión de la deuda.