Las intimaciones que empezó a cursar la agenciaporteña de Rentas a 61 bancos a los que reclama $ 900 millones, sorprendió ayer a más de una de las entidades bancarias que operan en la Capital Federal. Se conoció además que el Banco de la Nación Argentina es uno de los principales deudores, según la administración macrista, y que 60% de lo que piensa recaudar Mauricio Macri está concentrado en una decena de bancos, incluido el estatal nacional.
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Macri quiere cobrarles el pago de Ingresos Brutos que quedó pendiente en 2002 cuando comenzaron las discusiones -tras la pesificación asimétrica-para calcular la base imponible, un debate que asegura haber saldado el gobierno macrista para empezar a recaudar. Por lo pronto, sólo pagaron ya cuatro bancos, pero entre ellos el estatal Ciudad de Buenos Aires, que habría transferido a la cuenta del Gobierno porteño cerca de $ 40 millones.
Sin embargo, el principal reclamo, Macri lo está haciendo contra el Banco de la Nación Argentina, quien debería pagar más de la mitad del monto total que reclama Rentas al conjunto de bancos que tienen sede en la Capital Federal.
Pero el Nación, como algunos bancos privados, ya anticipó que rechazarán el reclamo, mientras que el Gobierno porteño estaría dispuesto a llevar adelante el litigio que usualmente se hace en los casos de deudas impositivas.
Rechazo
Altas fuentes del Nación confirmaron a este diario que la Ciudad les reclama más de $ 400 millones y que le han dicho personalmente a funcionarios de la comuna porteña que rechazan lo que en principio fue una « pretensión fiscal» y que ahora para el macrismo se transformó en una deuda.
«Lo que están tomado no son ingresos genuinos sino la compensación por la pesificación asimétrica respecto de 1 a 1,40», le explicaron a los funcionarios porteños, los del Banco Nación para remarcar que «rechazamos» la demanda del pago.
Ayer también algunos bancos privados destacaron que si bien no les llegó aún la intimación para que paguen la deuda de 2002, estudiarán el tema. Es que la causa había prescripto, pero a fines del año pasado la Legislatura porteña extendió el plazo del reclamo.
Ahora, la decisión de Macri coloca al Gobierno de la Ciudad, además de una pelea con un conjunto de banco, otra puja con el gobierno nacional. Para sustentarla, la administración porteña se valió de un dictamen de la Procuración que conduce Pablo Tonelli, emitido en mayo pasado, donde además de establecer la pauta para la liquidación, que en un principio se había calculado en más de $ 3.000 millones para los 61 bancos, admitiendo «errores» anteriores.
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