La jueza Servini se encarga de tomar las declaraciones a los aprehendidos el 12 de junio. Ministerio de Seguridad quiere que paguen los costos del operativo.
Después de más de un día de detención preventiva, liberaron a la mitad de las personas aprehendidas el 12 de junio.
En la noche del viernes, la jueza María Servini determinó la liberación de 17 de los 33 detenidos por los hechos de violencia ocurridos en las afueras del Congreso mientras se debatía la ley Bases. Continúa la evaluación de excarcelaciones de aquellas personas sobre las que habría evidencias fotográficas o fílmicas de que protagonizaron agresiones o acciones de vandalismo.
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Las personas que aún están detenidas en calidad de procesados por el fiscal Carlos Stornelli, quien también deberá definir si los encarcelados afrontan el pago de los costos del operativo, afrontan los cargos de: "lesiones”, “daños simples y agravados”, “incendio o estrago”, “delitos contra la seguridad pública”, “instigación a cometer delitos”, “intimidación pública”, “incitación a la violencia colectiva en contra de las instituciones” y “resistencia a la autoridad”. No se interpuso, hasta el momento, ninguna denuncia por "sedición".
En ese marco, la Vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, solicitó presentarse como querellante por los daños sufridos en los edificios del Congreso de la Nación. "Se terminó el país de los violentos", expresó en la red social X.
En contrapartida, el bloque de diputados de Unión por la Patria (UP) presentará una denuncia penal por la represión policial contra legisladores y apuntaron contra la Patricia Bullrich: "La agresión fue planificada y direccionada desde el más alto nivel del Ministerio de Seguridad de la Nación".
Las 17 personas que fueron liberadas durante la tarde del viernes son:
Mientras tanto, continúan detenidas 16 personas: David Sica, Patricia Calarco Arreondo, Juan Ignacio Spinetto, Camila Belén Juárez, Nicolás Daniel Moyorga, Saya Jazmín Lyardet, Héctor David Mallea, Cristian Dario Ferreira, Juan Pablo Colombo, María de la Paz Cerruti, Ramona Tolaba, Lucia Belén Puglia, Cristian Fernando Valiente, Fernando Ezequiel Gómez, Gabriel Horacio Famulari y Roberto María de la Cruz Go.
El Ministerio de Seguridad envió a la Justicia un informe sobre los gastos en los que incurrió para el operativo de seguridad de la jornada. En el documento se insiste en la denuncia por sedición que ya había realizado Patricia Bullrich.
El informe enviado al fiscal Carlos Stornelli señala que los gastos superaron los $130.706.892, e incluye el despliegue de tres fuerzas federales: Policía, Gendarmería y Prefectura. "Deberá dejarse constancia de que aún falta computar los costos del tratamiento de los heridos, lo que se hará al final de las curaciones", agrega el texto, que justifica la envergadura del operativo "debido a los desmanes de los grupos sediciosos".
En ese sentido, también se computaron los daños a los vehículos equipamientos (valuados en unos $13.613.500) y el operativo policial del martes por la noche, que se realizó durante el acampe en el Congreso por parte de organizaciones. La intención del Ministerio de Seguridad es que los 33 detenidos afronten esa suma, lo que implicaría una suma de más de $3.960.000 cada uno.
Dentro del detalle de los $130.706.892 de los gastos del operativo de seguridad del 12 de junio, se incluyen "total general de la valorización del personal, flota utilizada, material dañado y parque consumido". Esto implica:
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