POLICÍAS: Un arreglo que ya es impagable

úmeros no cierran. Un simple cálculo con la libreta de carnicero, como dicen en el barrio, muestra que las sumas y restas dan resultado negativo. Ya era una situación complicada hasta el miércoles de la semana pasada, cuando el gobernador José Manuel de la Sota decidió otorgarle a su policía cordobesa un aumento del 50% para aplacar la asonada que lo sorprendió en su viaje a Panamá. Tanto esa provincia como la Nación venían de déficits fiscales crecientes y preocupantes, que podrían enfrentar pocas emergencias pero mucho menos un aumento en el gasto corriente. Dicho más claramente: lo que ingresa es mucho menos de lo que egresa y, de subir el segundo ítem, no hay cómo pagarlo. Así y todo, De la Sota otorgó el aumento y, con ello, sofocó el levantamiento policial y la anarquía popular; pero se comprometió a pagar lo que no tiene.

La Nación miró de reojo la decisión, incluso con cierta mueca de satisfacción al ver al enemigo mediterráneo caer en la imagen de un mal administrador de los fondos públicos. "Uno menos", habrá dicho alguien dentro de la Casa Rosada al observar cómo eventualmente se esfumaba la de por sí ilusoria candidatura presidencial de este peronista opositor.

Lo que no se previó esa mañana de miércoles es que las policías provinciales de todo el país no se quedarían calladas ante el "logro" de sus colegas cordobeses. Una a una, las fuerzas de Catamarca primero, Entre Ríos, Jujuy, Salta, Chaco, Tucumán, Buenos Aires, Misiones, San Luis, Tierra del Fuego y Neuquén comenzarían a reclamar el mismo nivel de aumentos salariales para empatar o incluso superar el 50% cordobés. Asustados con las imágenes mediterráneas, los gobernadores provinciales sucumbieron a los pedidos y cerraron los incrementos salariales que pedían sus policías. Uno de los responsables fiscales de una de las provincias más chicas del país, consultado por este medio, calculó en $ 75 millones el dinero necesario para todo 2014 para afrontar los aumentos salariales firmados; con la salvedad que se trata de una gobernación con un déficit fiscal de 350 millones de pesos a octubre de 2013. La pregunta obligada es entonces quién pagaría esa diferencia. La respuesta fue obvia: se lo pediremos al Gobierno nacional.

Jorge Capitanich recogió ayer por la mañana el guante. La Nación está imposibilitada para hacerse cargo de estos acuerdos de aumento salarial y serán las provincias las que deberán afrontarlo. El jefe de Gabinete habla con responsabilidad. Según los números conocidos ayer, la Argentina reportó en octubre un déficit presupuestario primario de $ 2.758,3 millones. Para peor, resta diciembre, el mes en el que históricamente las cuentas anuales se estiran por el pago de los aguinaldos al sector público, con lo que el panorama fiscal será peor.

No hay números cerrados, pero se habla de la necesidad de contar con más de $ 12.000 millones para atender un aumento salarial generalizado de las policías provinciales, cifra que algunos analistas privados llevan a $ 20.000 millones cuando se incluyan las paritarias de 2014. Y aún no se habla del efecto contagio que el incremento a las fuerzas de seguridad generará en los docentes, trabajadores de la sanidad y, especialmente, en los empleados públicos de la Nación, provincias y municipios. Todo esto, con cajas en déficit y sin un panorama de mejora a la vista.

No hay que ser experto en matemáticas ni aplicar modelos econométricos sofisticados para verificar que los números no cierran y que habrá que recurrir a auxilios fiscales para poder cumplir con los acuerdos de aumentos de salarios que se están firmando en estos momentos. Hay una alternativa: emitir esos pesos necesarios. Solución siempre apetecible, salvo por el hecho de que esos billetes abonarán al combustible del peor de los problemas que debe solucionar el Gobierno: la inflación.

@cburgueno