Con un temario de ambicioso cumplimiento y lleno de proyectos en el marco de la guerra contra la Corte Suprema de Justicia -en primer lugar, el juicio político contra los magistrados-, el Gobierno activó las sesiones extraordinarias del 23 de enero al 28 de febrero próximo. La jugada de la Casa Rosada reimpulsó la disputa con la principal oposición de Juntos por el Cambio -furia también por el dato de la inflación de diciembre pasado- y el destino de la agenda preocupa en el Congreso, salvo por el Senado, que tendrá algunos temas ya aprobados por la Cámara baja que no revisten demasiado conflicto.
La convocatoria fue algo desprolija, ya que por momento se incluyeron temas -lo lógico-, luego números de expedientes y, como si fuera poco, se agregaron distintos acuerdos, algo que le corresponde al Senado por competencia constitucional y, por tanto, no necesita ninguna habilitación del Ejecutivo. “Tenemos un extenso temario con proyectos importantísimos para todos los argentinos y las argentinas que tienen que ver con el desarrollo productivo y temas judiciales, como la designación del Procurador General de la Nación y la reforma del Consejo de la Magistratura, que la misma Corte Suprema de Justicia ha pedido que se lleven adelante”, aseguró ayer al detallar la agenda la portavoz, Gabriela Cerruti.
En otro tramo de la conferencia, la funcionaria kirchnerista pidió que “la oposición entienda que en el libre juego democrático y de las instituciones hay que sentarse a debatir en el Congreso y no extorsionar al Gobierno, y por lo tanto a la sociedad, con solo tratar los temas que a ellos les interesa”.
La oposición no tardó en responder. Desde el radicalismo, la diputada Soledad Carrizo manifestó que la agenda del Gobierno vuelve a “colocar como prioridad temas que no son temas de la agenda de la ciudadanía”, y disparó: “Si el Presidente estuviese realmente preocupado y no fuese un hipócrita, debería estar preocupándose en ver cómo baja el 94% -anual- de inflación, la peor cifra que hemos tenido en 30 años en la Argentina”.
Sobre este punto, Carrizo expresó: “Este es el verdadero problema que los ciudadanos tienen. De no poder llegar a fin de mes, que ningún sueldo lo alcance. Pero claramente las prioridades de este gobierno son otras, que es lograr la impunidad de la Vicepresidenta y seguir la agenda judicial que ellos se han puesto desde el primer momento del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner”.
Al ser consultada por la evolución del índice de Precios al Consumidor, Cerruti resaltó que se está logrando el objetivo primordial que se propuso al asumir el ministro de Economía, Sergio Massa, de llegar a una inflación anual que no fuera de tres dígitos producto de un descenso mensual paulatino. “Estamos en un momento en el cual sigue creciendo el empleo registrado”, remarcó la funcionaria, y destacó que “actualmente 21 provincias están en una situación de pleno empleo”.
“Si seguimos en la escala descendente de la inflación, como hemos venido viendo en el último trimestre, y las paritarias siguen funcionando y cada vez se suma más gente al trabajo formal, estamos en el camino que marcaron el Presidente y el ministro de Economía”, aseveró la funcionaria.
Juicio político
La semana pasada, Alberto Fernández se reunió en la residencia oficial de Olivos con el jefe del kirchnerismo en Diputados, Martínez; y la titular de la comisión de Juicio Político de la Cámara baja, la también oficialista Carolina Gaillard. Allí, el Presidente solicitó rapidez al tratamiento de la jugada del Gobierno y varios mandatarios provinciales contra toda la Corte Suprema de Justicia.
En las últimas horas, Gaillard confirmó que a fin de mes se iniciará el proceso. En el mejor de los casos, y si el oficialismo juega la delicada carta de llevar a los magistrados al Congreso, el tema avanzaría en comisión como un máximo triunfo para el kirchnerismo. En dicha instancia cuenta con mayoría, pero el asunto quedará bloqueado en el recinto, ya que una acusación de este tipo necesita dos tercios de los votos en el recinto. Una situación similar ocurre en el Senado.
Sobre el juicio político, Gaillard sostuvo: “El reglamento establece que una vez producida toda la prueba se convoca a los denunciados, en este caso, los miembros de la Corte Suprema, para informarle las pruebas producidas y que ellos puedan hacer un descargo en la comisión”. Para la legisladora del Frente de Todos,
Finalmente, Gaillard consideró esencial que la oposición asista a la Comisión y afirmó que “es lo que corresponde”. Y finalizó: “Es irresponsable no participar de las sesiones porque es bloquear el funcionamiento de las instituciones”.
Temario
Además de lo mencionado sobre juicio político, Consejo de la Magistratura y la modificación de la integración de la Corte Suprema -proyecto ya se aprobó en el Senado a instancias del cristinismo y aliados-, también aparecen cuestiones clave como la moratoria previsional, la discusión de algún blanqueo -hay uno de la Cámara alta pero se espera uno más racional de parte de Massa- y las modificaciones en la legislación vigente vinculada a la prevención y represión del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo (FT) y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
El gobierno también solicitó el proyecto que cambia la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para implementar la alcoholemia cero para la conducción de vehículos; la creación del Sistema Nacional de Residencias del Equipo de Salud; la instauración del Parque Nacional y de la Reserva Nacional Laguna El Palmar; la activación del Área Marina Protegida Bentónica “Agujero Azul” -generó polémica en Diputados-; y la luz verde al régimen previsional diferencial para los trabajadores que se desempeñen o se hayan desempeñado como combatientes de incendios forestales o rurales en organismos nacionales o provinciales de cajas transferidas.
También se encuentran la creación de universidades nacionales -vienen demoradas de los últimos meses de 2022-; el “Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador”; y la sustitución de artículos de la ley de sangre humana.
En el extenso temario se incluyó el Programa Federal Único de Informatización y Digitalización de Historias Clínicas de la República Argentina; la modificación de la Ley de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional -para pagar el fallo que favoreció a la Ciudad por coparticipación quitada-; la ley de Promoción de nuevas energías, e inversiones con valor agregado en el sector energético; y el permiso constitucional para que el Presidente de la Nación pueda ausentarse del país durante el año 2023. Se suma la modificación del Sistema Estadístico Nacional, por el cual se espera la aparición de alguna iniciativa de parte del Ejecutivo.
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