Comenzó la 30ª Conferencia de las Partes (COP30) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), en Belém, Brasil. Después de una década, la cumbre climática regresa a América Latina.
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Entre los temas centrales que se esperan tratar se encuentran la reducción de las emisiones de metano, medidas de adaptación, financiamiento y la transición energética justa.
Desde diciembre de 2023, el Gobierno recortó hasta un 83% del presupuesto destinado a partidas ambientales y paralizó espacios clave de gobernanza climática.
Comenzó la 30ª Conferencia de las Partes (COP30) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), en Belém, Brasil. Después de una década, la cumbre climática regresa a América Latina.
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Esta cumbre será decisiva ya que marca el décimo aniversario del Acuerdo de París y el cierre del primer ciclo completo de implementación. Su éxito dependerá de alcanzar un paquete político integral que combine ambición climática, financiamiento, equidad y justicia.
En estas tres décadas se han logrado avances estructurales que transformaron la gobernanza climática global. Sin embargo, la próxima década será determinante. De no acelerar sustancialmente la acción climática, se perderá la oportunidad de traducir la arquitectura del Acuerdo de París en resultados concretos que garanticen una transición justa y resiliente.
Desde diciembre de 2023, el gobierno nacional recortó hasta un 83% del presupuesto destinado a partidas ambientales y paralizó espacios clave de gobernanza climática, como el Gabinete Nacional de Cambio Climático y su Consejo Asesor Externo.
Según el Observatorio Nacional de Acción Climática —del que desde FARN formamos parte—, el 73% de los 100 objetivos oficiales que Argentina asumió en materia climática, tanto a nivel nacional como internacional, no está en camino de cumplirse para 2030. De ese total, el 17% es imposible de cumplir en el plazo establecido, el 20% no presenta avances, el 36% muestra un avance leve y solo el 16% evidencia progresos reales (10% con avance moderado, 3% con cumplimiento esperado y 3% cumplido). El 11% restante no cuenta con información suficiente.
No cumplir con las metas de mitigación y adaptación no es solo un problema ambiental, sino también social, económico y jurídico que vulnera derechos fundamentales y compromete la responsabilidad internacional del Estado argentino.
En el ambiente, los impactos ya son visibles: las inundaciones de Bahía Blanca en marzo de 2025, con 16 personas fallecidas y más de 5.000 viviendas afectadas, son una muestra del aumento de eventos extremos. En la economía, la falta de acción incrementa los costos de reconstrucción y adaptación frente a desastres climáticos.
De hecho, según el Banco Mundial, las inundaciones representan más de la mitad de los desastres naturales registrados en Argentina desde 1970 y generan pérdidas por más de 1.000 millones de dólares al año.
Respecto a lo jurídico, las recientes Opiniones Consultivas de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fueron contundentes al afirmar que los Estados tienen la obligación legal de actuar con la mayor ambición posible frente a la crisis climática. No hacerlo constituye una violación a los derechos humanos, incluyendo el derecho a la vida, la salud y un ambiente sano.
Durante esta COP30 los países deberán dar respuesta al llamado del Balance Mundial —una herramienta del Acuerdo de París para evaluar la acción climática— a transicionar lejos de los combustibles fósiles. Y en particular el artículo 2.1.c 2.1.c «alinear los flujos financieros con una trayectoria hacia bajas emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y un desarrollo resiliente al clima»
Sin embargo, la inversión de nuevos proyectos de infraestructura de gas y petróleo en la Argentina va en sentido contrario a esa meta y a la necesidad de abandonar progresivamente los sectores y actividades más contaminantes y que más impactos generan en los territorios.
En un país donde más del 80% de la matriz energética depende de los combustibles fósiles, las políticas actuales, centradas en la expansión de tres mega proyectos hidrocarburíferos en los el Golfo San Matías - Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), Southern Energy y Argentina LNG-, profundizan la dependencia fósil y alejan a la Argentina de una trayectoria de descarbonización.
En este contexto, la CEO de la COP30, Ana Toni, destacó que reducir las emisiones de metano en el sector de los combustibles fósiles será clave para frenar tanto la velocidad como la magnitud del calentamiento global, y adelantó que este será uno de los temas centrales de la cumbre. El metano es el segundo gas de efecto invernadero más contaminante: es 80 veces más potente que el CO en un período de 20 años y responsable de más del 50% del ozono troposférico presente en la atmósfera, según la Climate and Clean Air Coalition (CCAC). Este contaminante causa alrededor de un millón de muertes prematuras al año a nivel global y aumenta el riesgo de enfermedades respiratorias graves.
De acuerdo con el análisis publicado en la revista Pulso Ambiental Nº25, en Argentina más del 60% de las emisiones de metano de origen humano provienen del sector agrícola, un 29% del sector energético —principalmente por fugas en la producción y transporte de petróleo y gas—, y cerca de un 7% de la gestión inadecuada de residuos y de los más de 5.000 basurales a cielo abierto existentes en el país.
Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
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