La transición energética justa, en el centro de la disputa global

La discusión sobre la transición energética justa gana peso en la agenda climática global de cara a la COP31, mientras Argentina profundiza el contraste entre el impulso a los combustibles fósiles y el recorte de fondos para energías renovables y eficiencia energética.

La transición energética justa será uno de los ejes de la COP31, en un escenario marcado por el debate sobre el financiamiento, el desarrollo y el rol de los países del Sur Global.

En el marco de los preparativos para la COP31 de cambio climático, que se realizará en noviembre en Turquía, la ciudad de Bonn, en Alemania, fue sede de una instancia técnica intermedia clave que permitió avanzar, aunque a paso lento, en uno de los temas que promete ocupar un lugar central en las futuras negociaciones: el Mecanismo de Transición Justa.

La importancia de este debate radica en que los procesos de transición justa dejaron de ser únicamente un tema de la agenda ambiental. Hoy constituyen una discusión sobre los modelos de desarrollo que los países impulsarán en las próximas décadas, sobre cómo distribuir los costos y beneficios de las transformaciones necesarias para enfrentar la crisis climática, sobre qué herramientas serán necesarias para garantizar que nadie quede atrás en este proceso y que no se continúen exacerbando los impactos y desigualdades que vemos en los modelos actuales.

Para los países, la pregunta ya no es únicamente cómo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, sino bajo qué condiciones podrán transformar sus economías, fortalecer sus capacidades y garantizar que los beneficios de la transición lleguen efectivamente a los trabajadores, comunidades y territorios involucrados y que en el proceso no se vulneren derechos humanos ni se degraden ecosistemas. Esta transformación dependerá, en gran medida, de la capacidad de acceder a asistencia técnica, tecnología, recursos financieros y herramientas de planificación que permitan modificar los sistemas productivos.

En un contexto en el que las transiciones que estamos experimentando continúan generando impactos y desigualdades, especialmente en el sector energético, las negociaciones en torno al futuro Mecanismo de Transición Justa despiertan cada vez más interés. Durante la reunión de Bonn, los países comenzaron a discutir cuáles serán sus objetivos, alcance, funciones, modalidades de trabajo y arreglos institucionales. Detrás de esos debates técnicos existe una cuestión profundamente política: cómo apoyar a los países en la implementación de transiciones justas, qué responsabilidades asumirán los distintos actores para hacerlas posibles y cómo se garantizará que los titulares de derechos tengan una voz en los procesos de toma de decisiones.

Sin embargo, este no es el único desafío. La transición no puede reducirse al despliegue de nuevas tecnologías ni a la sustitución de unas fuentes energéticas por otras. También se trata de garantizar que la transición responda a las realidades sociales, económicas y ambientales de cada territorio. Si la transición energética se concibe únicamente como un recambio tecnológico para cumplir metas climáticas, existe el riesgo de reproducir viejas desigualdades bajo una nueva narrativa verde, convirtiéndose en una transición energética corporativa.

Esta preocupación resulta especialmente relevante en América Latina. La creciente demanda global de minerales para la transición, como el litio y el cobre, esenciales para la producción de baterías utilizadas para almacenamiento de energía y electromovilidad, está generando nuevas presiones sobre territorios y ecosistemas. A ello se suma el aumento de la demanda de minerales impulsado por la expansión de la economía digital, la infraestructura tecnológica, la defensa y otras industrias. El resultado es una intensificación de las actividades extractivas orientadas a abastecer demandas externas, reproduciendo en muchos casos dinámicas históricas de desigualdad y concentración de beneficios e impactos.

En este marco, desde la sociedad civil y diversos actores del Sur Global se plantea la necesidad de que el Mecanismo de Transición Justa funcione como una herramienta de cooperación internacional que facilite la asistencia técnica, el fortalecimiento de capacidades, la transferencia tecnológica y el intercambio de conocimientos. El objetivo es avanzar desde las discusiones conceptuales hacia acciones concretas que permitan acompañar a los países y territorios en el diseño e implementación de estrategias de transición justa acordes a sus contextos y prioridades.

Contexto nacional

En este escenario, Argentina enfrenta una situación particularmente compleja. La discusión sobre transición energética justa ocurre en un contexto marcado por una fuerte dependencia de los combustibles fósiles y por la expansión de proyectos hidrocarburíferos y mineros que buscan posicionarse como motores de crecimiento económico y generación de divisas.

Sin embargo, la transición no puede reducirse a una discusión sobre tecnologías o fuentes de energía. También implica preguntarse qué tipo de modelo queremos, quiénes serán los beneficiarios del mismo y quiénes tendrán que cargar con los costos y los impactos, qué lugar ocupan los territorios y las comunidades y cómo garantizar el bienestar y el acceso a la energía como derecho fundamental.

La tensión entre ambas agendas atraviesa buena parte de la discusión económica nacional. Mientras crecen las discusiones sobre modelos energéticos más diversificados, descentralizados y con mayor participación comunitaria, Argentina todavía destina recursos significativamente mayores al sostenimiento de los combustibles fósiles que a la promoción de energías renovables descentralizadas y eficiencia energética.

Los datos presupuestarios muestran que la brecha entre ambas prioridades continúa ampliándose. En 2024 las partidas presupuestarias destinadas a la promoción de energías renovables y la eficiencia energética cayeron un 66,4% en términos reales. En 2025 solo se ejecutaron $9.190 millones a estas partidas, un 64% menos en términos reales en comparación con lo ejecutado en 2023. Si los comparamos con los fondos para promocionar los combustibles fósiles, estos recibieron 41,5 veces más que las primeras.

En 2026, el presupuesto nacional para las energías renovables y la eficiencia energética fue de $34.183 millones. Al compararlo con los subsidios a la oferta de combustibles fósiles, se encuentra que estos últimos tienen asignado un 1.900% más de fondos.

La COP31 podría convertirse en un punto de inflexión. El establecimiento de un mecanismo internacional orientado a facilitar transiciones justas representa una oportunidad para que los países del Sur Global accedan a herramientas concretas que les permitan compatibilizar la acción climática, el diálogo social, la participación pública y la diversificación económica.

Sin embargo, ningún mecanismo internacional podrá reemplazar las decisiones que deben tomarse a nivel nacional. La transición energética no se define únicamente en las negociaciones multilaterales, también se juega en los presupuestos públicos, en las señales regulatorias, en las prioridades de inversión y en la capacidad de construir consensos políticos y sociales amplios, con participación genuina de los distintos actores y territorios involucrados.

En definitiva, la discusión que llegará a Turquía en noviembre no es solamente climática. Es una discusión sobre el tipo de desarrollo que queremos construir y cómo garantizar que las transformaciones necesarias para enfrentar la crisis climática se realicen con justicia social, participación pública y perspectiva territorial.

Coordinadora de Política Climática en FARN