El Gobierno español logró un acuerdo con los principales partidos de la oposición para desbloquear su propuesta de ley antipiratería, que contempla la posibilidad de cerrar por orden judicial páginas web de descargas de contenidos ilegales sujetos a derechos de autor.
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Unas horas antes de que se cumpliera el plazo para presentar enmiendas en el Senado, el gobernante Partido Socialista, los conservadores del Partido Popular y los nacionalistas catalanes de CiU consensuaron un texto que permitirá aprobar esta ley.
Una ley que deberá pasar aún un largo proceso, primero en el Senado y luego en el Congreso antes de ser desarrollada en un reglamento que permita su aplicación, según explicó en una breve comparecencia la ministra española de Cultura, Ángeles González-Sinde.
Más protección tanto de los usuarios de internet como de los titulares de derechos de propiedad intelectual es la principal novedad de una ley que no varía en el objetivo inicial, que es el de perseguir las descargas de música, cine y cualquier otra obra regida por los derechos de propiedad intelectual.
El Ministerio de Cultura creará una Comisión de la Propiedad Intelectual para ejercer funciones de mediación y arbitraje y examinar las denuncias sobre páginas web de descargas de contenidos sujetos a derechos de autor.
En cualquier caso, la ejecución de cierre de la web exigirá de la previa autorización judicial, sin perjuicio de las acciones civiles, penales y contencioso-administrativas procedentes.
Un acuerdo que, según la ministra, "garantiza los derechos de todos", pero que ha sido muy mal recibido por las asociaciones de internautas, contrarios a la creación de una comisión dependiente del Ministerio.
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