Dos señales que aportó la política en los últimos días deberían preocupar con vistas al país futuro. El Gobierno festejó el haberse ahorrado casi la mitad de los $50.000 millones que le reclamaron activistas piqueteros y organizaciones sociales dentro de la Ley de Emergencia Social con la inestimable ayuda del peronismo y el sindicalismo. Esa norma se aprobó anoche casi por unanimidad con alcance moderado: no mantiene el delirio legal de obligar a la creación de un millón de puestos de trabajo por arte de magia, pero sí con una distribución de fondos de acá a 2019 por $30.000 millones, subiendo planes sociales disfrazados ahora de creación de trabajo genuino.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
El macrismo defendió su orgullo tras esa exacción extorsiva alegando que esos fondos representan un mínimo porcentaje del gasto total. Para el votante que hizo a Mauricio Macri presidente esa ley no fue una buena señal en la espera por un control del gasto público que no llega. El PRO festeja así un fin de año en paz carísimo.
El otro capítulo que impactó en la política en estas horas es la estrategia que siguió Sergio Massa para presionar y noquear al Gobierno en el tratamiento de la ley que reforma el Impuesto a las Ganancias sobre los salarios. Esa reforma fue tema de campaña en la presidencial de 2015 para Massa y también para Macri. Pasó un año sin solución y ahí reside la culpa del macrismo.
Massa aparece de nuevo en escena con el tema convocando al resto de la oposición a unificar posiciones alrededor de un proyecto común. Le costó un tiempo negociarlo y anoche lo había logrado, aunque no está claro cuántos gobernadores, que se niegan tanto como Macri a ceder recaudación de Ganancias, apoyarán la versión opositora de esa norma.
Como en toda negociación, para lograr una posición común hay que sumar, nunca restar. Massa terminó armando un tren fantasma fiscal con su proyecto de Ganancias que si alguna vez se convirtiera en ley pondría en jaque no sólo a la caja estatal, sino también a medidas que el Gobierno tiene en marcha y, en especial, al blanqueo. Está claro que la ley de Ganancias de Massa sólo puede ser propuesta por un opositor, alguien que en lo inmediato no debe preocuparse por pagar sueldos y hacer funcionar el Estado, nunca por un oficialista.
Todos pidieron y nada quedó afuera: jubilados sin ganancias, impuestos a mineras, gravar el juego, los dividendos, plazos fijos arriba de $1,5 millones, títulos públicos y Lebac. También deducir alquileres, viáticos, horas extra, hijos estudiantes. Todo un festival peronista y explicado como de bajo impacto fiscal por los tributos que se crean y con la zanahoria para gobernadores de avisarles que parte irá a fondos a provinciales.
El impacto será mayor o menor en los números que se proyectan pero, por ejemplo, habrá que explicarles a quienes se invitó a incorporarse al blanqueo por qué se les va a aplicar nuevos impuestos una vez que se sinceren que no estaban contemplados en la convocatoria original.
Ahora bien, ¿todo ese show impositivo a quién está destinado? En la última medición comprobable, el Impuesto a las Ganancias sobre los salarios afecta a 12% de la población en blanco. Obviamente, el negro no paga.
Es decir que, una vez más, el peronismo se une detrás de un proyecto para subsidiar a una minoría; ya lo hizo en el Gobierno anterior con un dólar también subsidiado para viajes al exterior y hasta con reintegros sobre las compras.
En números, la herencia es escalofriante. Unos 14 millones de personas en Argentina tienen ingresos de menos $20.000 pesos o lo que es similar: la mitad de la población recibe menos de $15.000 por mes. Es decir, ni tendrán noticias de los beneficios de esta ley, pero si puede tener, vía inflación, el impacto de un gasto público desatado.
Dejá tu comentario