La Justicia convalidó la norma que habilitaba a los familiares de funcionarios y exfuncionarios para ingresar al blanqueo de capitales, con lo que quedó en firme el decreto presidencial que habilitaba esta posibilidad; con lo que desde hoy mismo los interesados podrán sumarse al llamado. La decisión fue tomada por la jueza en lo Contencioso Administrativo María Alejandra Biotti que rechazó la semana pasada una acción de amparo impulsada por el diputado del Frente Renovador Felipe Solá, quien había argumentado que, con la posibilidad de que se incorporaran familiares de funcionarios, la reglamentación de la ley de blanqueo estableció algo que la norma votada por el Congreso había vedado expresamente. Solá aspiraba a la declaración de "inconstitucionalidad" del decreto que reglamentó la ley porque, entendió, implicaba de hecho que el Poder Ejecutivo asumiera facultades legislativas. Los nombres de los familiares de funcionarios o exfuncionarios que se sumen al blanqueo y que podrán comenzar con el trámite desde hoy, no serán conocidos por el público, ya que gozarán de los beneficios del secreto fiscal. Sólo ante el pedido de un juez la AFIP puede pedir estos datos.
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"La mera condición de ciudadano y de legislador no le otorgan legitimación suficiente para solicitar ante la Justicia la declaración de inconstitucionalidad de una norma que no le agravia de manera expresa y concreta", sostuvo la jueza; mientras que el abogado que patrocinó a Solá, Martín Yáñez, ya apeló el fallo.
La inclusión de los familiares de funcionarios públicos al blanqueo de capitales había sido quitado de la ley original del blanqueo y sinceramiento fiscal aprobada en mayo del año pasado por el Congreso Nacional, y como resultado de la negociación entre el oficialismo y la oposición. Para ser aprobada, la habilitación para familiares de funcionarios debía quedar afuera. Sin embargo, el 30 de noviembre del año pasado, Mauricio Macri firmó un decreto sumando a los familiares, ante el argumento que se trataba de una ilegalidad y prejuicio ante los potenciales interesados. Ante esto Solá se presentó ante la Justicia que en un primer momento avaló la prohibición hasta la definición de la jueza Biotti.
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