La norma para limitar “derecho al ocio” contó con aval del PJ y fue aprobada por amplio consenso. Alcanza a unos 2.300 reos que cumplen condena.
Apoyo. La iniciativa del oficialismo de Cambia Mendoza contó con los votos del peronismo, tanto en la Cámara de Diputados como de Senadores. Presos financiarán parte de los $20.000 mensuales que cuestan al Estado.
La Legislatura mendocina le dio sanción definitiva a la ley que obliga a trabajar a los presos condenados, impulsada por el gobernador radical Alfredo Cornejo.
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El mandatario había hecho el anuncio de la iniciativa durante la apertura de sesiones ordinarias el 1 de mayo. "Que con trabajo se limite el derecho al ocio y se replique adentro la realidad exterior para la posterior reinserción", había dicho Cornejo durante un discurso en el que también pidió que no sea un "privilegio" la estadía en una cárcel.
Apenas nueve días después, la Cámara de Diputados provincial convirtió ayer el proyecto en ley con aval del PJ. Un día antes, había tenido aprobación en el Senado con amplio consenso: 32 votos afirmativos, dos negativos y dos abstenciones en general, mientras que en particular el Frente para la Victoria realizó observaciones en algunos artículos.
La reforma del Código de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad convoca por primera vez a las víctimas del delito a participar en el sistema penal y crea un régimen que traza ejes que promueve que los presos trabajen y se capaciten para conseguir disminuir los índices de "reiterancia" y reincidencia de quienes están privados de su libertad.
"Quien se encuentra allí (en una cárcel) deberá estar en actividad, lo que le permitirá una vida mejor para él y para quienes se encuentren en derredor, pero a su vez para estar mejor preparado para volver a la sociedad, para que ésta pueda recibirlo y éste tenga conocimientos que le permitan trabajar legalmente", dicen los fundamentos del proyecto.
Uno de los ejes fundamentales que Cornejo había adelantado ante la asamblea legislativa es reducir los gastos del estado provincial en mantener a cada preso. El costo por reo es de alrededor de $20 mil mensuales, según el director de Enlace de Asuntos Penitenciarios y Justicia, Juan Ignacio Mulet.
La norma alcanza a unas 2.300 personas, pero la intención del Gobierno mendocino es que los procesados (que aún no tienen condena) también puedan optar por trabajo y capacitación, con lo que la inversión será para que alcance a más de 4.500 presos.
Los beneficios luego de cumplir la mitad de la condena estarán supeditados a que los reos cumplan con la obligación laboral y formativa. De la misma manera, el Gobierno espera generar convenios con empresas para hacer efectiva la iniciativa.
En cuanto a las remuneraciones, una parte de lo que ganen los presos irá a la víctima, otra a la familia del preso, una porción será para solventar los gastos de mantenimiento y, finalmente, quedará un resto de ahorro que le será entregado al momento de su libertad.
"Los derechos de la persona privada de libertad serán equivalentes a los derechos de los ciudadanos de la provincia, siempre que se encontraren en condiciones de igualdad", explica otra parte del proyecto aprobado.
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