En la lista aparece el ex comisario de la bonaerense Miguel Etchecolatz, condenado por delitos de lesa humanidad por primera vez en 1986.
Seis condenas. Etchecolatz perderá la pensión de retirado de la policía tras la resolución del gobierno bonaerense.
Cambiemos no sólo está detrás del electorado de Sergio Massa de cara a la legislativa del 22 de octubre. En Casa Rosada, y en La Plata, también están dispuestos a pelear el segmento de voto "progresista" más cercano a la kirchnerista Unidad Ciudadana y hasta ahora adverso al oficialismo. Ayer se confirmó que Ministerio de Seguridad bonaerense, a través de la Auditoría General de Asuntos Internos, exoneró a doce efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires, entre ellos al comisario general Miguel Etchecolatz, condenado a reclusión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar.
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Mano derecha de Ramón Camps y jefe de la Policía bonaerense durante la última dictadura, Etchecolatz purga seis condenas por crímenes de lesa humanidad -la primera de ellas dictada en 1986, hace ya 31 años-, y sigue siendo investigado en otros procesos. La decisión de excluirlo definitivamente de la Policía Bonaerense fue informada ayer por el Ministerio de Seguridad a través de un comunicado de prensa en el que se indicó que, "a pesar de haber sido condenados por cometer delitos de lesa humanidad", los doce represores "todavía pertenecían a la fuerza, ya que figuraban como retirados y conservaban sus condiciones como policías".
De manera extraoficial, voceros del gobierno nacional pusieron de manifiesto que Etchecolatz siguió gozando de beneficios durante los últimos doce años del kirchnerismo. Así, Cambiemos sale a disputarle la bandera de los derechos humanos que el frente para la Victoria se autoadjudicó como propia durante sus gestión, a pesar de deslices como la designación de Cesar Milani al frente del Ejército. Fuentes de la cartera de Seguridad precisaron que, al notificarse de su exoneración, Etchecolatz firmó y debajo escribió "prisionero de guerra".
Además de Etchecolatz, fueron expulsados de la fuerza Carlos García, ex comisario general; Horacio Elizardo Luján, ex comisario mayor; Bernabé Jesús Corrales, ex comisario mayor; Fernando Svedas, ex comisario mayor; Miguel Gerónimo Kearney, ex comisario inspector; Raúl Orlando Machuca, ex comisario inspector; Sergio Arturo Verduri, ex comisario inspector; Pedro Antonio Ferriole; ex comisario inspector; Mario Víctor Nicodemo Sita, ex suboficial mayor; Luis Vicente Patrault, ex suboficial principal; y Santiago Antonini, ex suboficial principal. "Es importante está resolución debido a que no podíamos dejar a estas personas con estado policial, ya que era una falta de respeto a la democracia y un mal ejemplo para la fuerza", aseveró el titular de la cartera de Seguridad provincial, Cristian Ritondo. En este sentido, el funcionario de la gestión encabezada por María Eugenia Vidal destacó que "esta medida se logró a través de un trabajo en conjunto e intercambio de información con diferentes organismos de derechos humanos, luego de una investigación administrativa que Asuntos Internos inició el año pasado".
Detalló que, primero, se chequeó esa información y se constató que estos represores todavía eran parte de la fuerza, y, luego, comenzó un trabajo de intercambio de información con el secretario de Derechos Humanos bonaerense, Santiago Cantón, con la Comisión Provincial por la Memoria y el CELS, entre otros organismos. Esa labor permitió elaborar un listado con policías retirados que estaban involucrados en al menos 270 causas de delitos de lesa humanidad por las que habían sido condenados judicialmente con penas privativas de la libertad. Debido a ello, se explicó, "por haber agredido a particulares y violado sus derechos humanos, lo que representó una falta a la ética, el respeto, la integridad y honestidad del funcionario -situación que verificó una grave afectación a la imagen pública de la Policía de la provincia de Buenos Aires- Asuntos Internos dispuso la exoneración de los efectivos por los delitos cometidos". Esa sanción es la más severa contenida en el régimen disciplinario policial e implica la separación definitiva de la fuerza y la pérdida de todos los beneficios inherentes al cargo.
En ese sentido, el secretario de Derechos Humanos, destacó que "el hecho de que hayan pasado más de 30 años para exonerar a Etchecolatz, uno de los peores símbolos de la dictadura, es la evidencia de lo mucho que falta por hacer".
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