Dólares: los números que mira el Gobierno sobre la liquidación del campo

Agronegocios

Sin necesidad de continuar con la venta de granos, el productor espera una propuesta atractiva del Gobierno que podría acelerar la comercialización de soja.

La ministra de Economía, Silvina Batakis, mantiene por estas horas reuniones con funcionarios del Fondo Monetario Internacional y con empresarios. Desde Washington, la funcionaria busca generar algo de tranquilidad en una economía sumamente convulsionada. El ojo de la tormenta está puesto sobre el tipo de cambio y la generación de divisas, donde el sector agroindustrial es protagonista indiscutido.

Según datos del INDEC, entre enero y junio de 2022 la Argentina exportó por u$s44.377 millones, un 25,5% más respecto del mismo período del año pasado. Pero el gran problema es que las importaciones totalizaron u$s41.284 millones, un 44% más que en el primer semestre de 2021, impulsadas fuertemente por el costo de la energía.

Casi la mitad de las exportaciones totales se originan en el sector agroindustrial, donde tallaron fuerte las materias primas agrícolas, en particular los cereales (trigo y maíz) que tuvieron en el primer semestre un gran desempeño.

Este logro, que sirvió para contener las reservas del BCRA, se le podría atribuir a la acertada decisión del ministro de Agricultura, Julián Domínguez, que convenció a parte del gabinete para que se abrieran los registros de maíz y trigo que permanecían limitados por cuestiones de “equilibrio” con la excusa de tener algún tipo de vínculo con el consumo interno. Así, los productores apuraron ventas y comercializaron por encima de los años anteriores y la industria adelantó derechos de exportación del año próximo. En definitiva, más dólares para aumentar la recaudación.

Aunque en menor medida, el impacto también llegó a las oleaginosas y le permitió a la industria lograr exportaciones récord. Según datos de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC), en el primer semestre ingresaron a las arcas del estado u$s19.144 millones. Desde la entidad empresaria destacaron en su último trabajo llamado “Monitor de las Exportaciones” que “la liquidación hubiera sido mucho mayor sin las restricciones y limitantes que impone el gobierno en algunos productos exportables, la sequía, la falta de gasoil y los piquetes”.

Eso -entre otras variables de la economía local- impactó en la comercialización de granos por parte del productor que se ralentizó en las últimas semanas. Según la información oficial disponible proporcionada por el Ministerio de Agricultura, las compras por parte del sector exportador y de la industria totalizaron hasta el 13 de julio 20.433.000 de toneladas de soja, sobre un total de 44,000.000 MT. Este año se generó un atraso estimado en 3,3 MT, pero se ubica dentro de los parámetros lógicos si se analiza la serie histórica de los últimos años, que oscila entre 45% y 55% de avance de comercialización.

Más allá del retraso que existe en la decisión de venta por parte de los productores en soja -que deben proteger sus activos para poder encarar la próxima campaña- al mismo tiempo se aceleró en trigo y maíz. Entre todos los cultivos aportaron cerca de la mitad de los dólares que llegaron al BCRA. El ingreso levemente menor a los u$s20 mil millones casi duplica los de 2019, cuando se exportaron en el mismo período u$s10.359 millones.

El problema no es el ingreso de dólares sino la salida de los mismos. El Gobierno necesita pasar el invierno, porque las reservas sufren demasiada tensión por las necesidades de importación de energía y por las cuestiones domésticas. Según pudo saber Ámbito, recién a partir de septiembre podría llegar algo de calma, cuando caiga la demanda de importación de energía y al mismo tiempo se aceleren las ventas de soja por parte del sector primario para encarar la próxima campaña gruesa: el productor venderá sus granos cuando necesite comprar insumos.

Por ahora, si bien existen distintas alternativas para incentivar a los productores para que apuren la comercialización de sus granos, no hay nada definido. La posibilidad de beneficiar con una reducción de los derechos de exportación o un tipo de cambio diferenciado premiaría a quienes vendan su cosecha a partir de ahora, pero perjudicaría a quienes ya tomaron esa decisión.

Dejando de lado algunas miradas extremistas sobre confiscación y evaluando los dichos del presidente Alberto Fernández, el Gobierno espera que se adelante la comercialización de unas 23 millones de toneladas que tienen acopiadas los productores.

La ecuación que debe resolver el gabinete económico es cómo hacer para que el productor reciba más dólares por sus granos y sepa que podrá encarar la próxima campaña. Vale recordar que tomando los datos del cierre de mercado del viernes último, por cada tonelada el productor recibe $47.000 (que se pueden convertir a u$s150 en el mercado bursátil) sobre un producto que cotizó en el mercado internacional a u$s527.

Es importante destacar que con la aplicación de retenciones y el tipo de cambio actual, la mayor parte de los dólares se los lleva el estado: prueba de todo esto es la recaudación por derechos de exportación, que en el mismo período analizado llegó a los u$s4.947 millones, cifra que casi se duplicará cuando termine el año al igual que las exportaciones agroindustriales, que según la Bolsa de Comercio de Rosario totalizarían u$s41.254 millones, apenas por debajo del total que llegaría a u$s88.606 millones contabilizando todas las actividades productivas.

La respuesta a cuál es el número que contribuiría a la paz cambiaria se ubica entre los 150 y los 527 dólares. Y a partir de allí se tendrán que tomar las decisiones necesarias para lograrlo.

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