''Antes de fin de año se resolverá crisis judicial''

Buenos Aires - La reforma judicial bonaerense quedaría legalmente aprobada por completo el próximo mes y daría solución a fin de año al embudo que apila unos 7.000 expedientes sin sentencia en el Tribunal de Casación. Al menos de esto está convencido el ministro de Justicia de Buenos Aires, Ricardo Casal, quien afirma que «ya existe consenso de todos los sectores» para avanzar en la aprobación legislativa de cambios en el Código Procesal Penal que, según entiende, son «de sentido común».
«No se trata de ninguna pieza académica extraordinaria», la reforma busca «agilidad y eficiencia», indica el funcionario del gobierno de Daniel Scioli, que cree que el anterior intento del ex mandatario Felipe Solá fracasó porque quiso poner fin a Casación: «Nosotros pensamos que si un organismo es ineficiente no hay que eliminarlo», indicó en diálogo con Ambito Nacional.
En el optimista escenario descripto por Casal, a partir del segundo trimestre se extenderá a toda la provincia el sistema de Flagrancia, que ya se aplica en once distritos y «en Mar del Plata logró que en apenas 3.000 audiencias se resuelvan 1.800 causas»; en tanto que estarán disponibles unas 8.000 nuevas plazas para presos en la provincia.
Periodista: ¿Cuáles son las metas de la reforma judicial?
Ricardo Casal: Lograr eficacia y celeridad para resolver todas las causas. El proceso avanza en dos etapas: en principio la reforma del Tribunal de Casación, para reducir su competencia, y en la extensión a toda la provincia del sistema de Flagrancia (juicios rápidos). Luego, una reforma más amplia del resto del Código Procesal Penal.
P.: ¿Cómo se logrará la aceleración de los procesos?
R.C.: En el caso de Flagrancia, ya se aplica en 11 distritos y permite que en dos audiencias se dicte sentencia. Esto genera gran satisfacción en todos los sectores. En Mar del Plata, por ejemplo, en dos años se realizaron apenas 3.000 audiencias para resolver 1.800 causas.
P.: ¿Qué otros cambios ayudarán a solucionar el colapso del sistema?
R.C.: En el proyecto de reforma general del Código fijamos plazos límites para que la sustanciación de juicios no supere los 2 años. Casación deberá resolver los casos en seis meses, bajo apercibimiento de pérdida de competencia, es decir, que el caso pasaría a otro tribunal. Hay varios ejes y muchos siguen en discusión, pero, por ejemplo, también postulamos que el particular damnificado pueda acusar aunque no lo haga el fiscal; y además se encausará el llamado a audiencias, para que no suceda como ahora, que hay tribunales llamando para 2008 y otros para 2012.
P.: ¿Existe la posibilidad de que menores de 16 años permanezcan detenidos hasta la mayoría de edad, para ser juzgados?
R.C.: No es parte de la discusión. Es una cuestión que debe resolverse a nivel federal.
P.: ¿Cuáles son los tiempos políticos de la reforma?
R.C.: Sigue la discusión en la Legislatura. Mañana (por hoy) me reuniré nuevamente con los titulares de ambas cámaras. Este mes, posiblemente el miércoles 13 se presente la primera parte de la reforma y se seguirá debatiendo con la oposición. A fin de mes se promulgaría la ley y se aplicaría en forma inmediata. El resto de los cambios al Código se-guirían el mismo camino a fines de marzo.
P.: ¿Cuándo se sentirán los efectos de la reforma?
R.C.: La mora en Casación estará solucionada para fin de año. Para ese entonces el sistema judicial deberá funcionar normalmente, sin colapsos en la base, donde se desarrolla la investigación, ni en la cúspide (Casación).
P.: ¿Cuánto cuesta este cambio a la provincia?
R.C.: Nada significativo en dinero, lo que hace falta son recursos humanos, para trabajar mejor sobre la escena del crimen, que los fiscales estén en el lugar y el momento justo, en la recolección de pruebas, etc. Es básicamente una reforma de sentido común, en busca de agilidad y eficiencia; no se trata de ninguna pieza académica extraordinaria. Buscamos recuperar la inversión que cayó tras la crisis de 2001.
P.: ¿Se logró el consenso político necesario?
R.C.: Hasta ahora se discutieron cuestiones operativas y no hay oposición desde ningún sector, es decir, los jefes de bloque en la Legislatura provincial, la Corte Suprema, el Colegio de Abogados y la Cámara de Casación.
P.: Desde la Coalición Cívica dijeron no haber sido consultados.
R.C.: Eso fue un mal entendido con (el presidente del Bloque de Senadores de la Coalición Cívica, Javier) Mor Roig, que es un abogado de mucho trabajo y es mi amigo. Hablé por teléfono con él y ya tiene el proyecto en sus manos, como el resto de los legisladores.
P.: ¿Cuál es la diferencia de esta reforma con la que impulsó fallidamente el ex gobernador Felipe Solá el año pasado?
R.C.: Básicamente la eliminación de Casación. Nosotros estamos cambiando sus cualidades, pero no pensamos que un organismo deficiente deba ser eliminado. En ese caso hubiera creado, entre otros temas, un estado de indefensión de los ciudadanos. Ahora Casación tendrá competencia criminal y el resto se solucionará en el ámbito de Garantías.
P.: ¿Cómo contribuye Justicia para solucionar la denominada «crisis de inseguridad» que vive la provincia?
R.C.: De muchas maneras: llevando presos a las cárceles, liberando policías para que trabajen en las calles; creando alcaldías; mejorando el sistema de correos, lo cual también deja disponibles más efectivos; con justicia rápida que lleva sentencia en forma inmediata; dando certeza a los acusados. Paralelamente, por medio de una ley de emergencia se dispuso un plan que de aquí a un año y medio dejará disponibles unas 8.000 plazas para presos.
Entrevista de Pablo Domini