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Neuquén - El gobierno de Jorge Sobisch, a través de la Secretaría de Energía y Minería de Neuquén, amenazó ayer a YPF con «aplicar sin más trámite la caducidad de la prórroga» para el contrato del yacimiento de Loma de La Lata, argumentando que la empresa invirtió u$s 422 millones menos que los comprometidos para la etapa 2000-2005 sobre un total de u$s 3.500 millones. La decisión de Sobisch resultó llamativa porque faltan dos semanas para que traspase la gobernación a Jorge Sapag, de momento allegado al gobierno nacional. El presunto faltante, además, según el comunicado oficial, fue confirmado por una consultora -Montamat & Asociados- que recibió la información de la empresa en febrero de 2006, de modo que se puede presumir que la auditoría estuvo lista bastante antes, y que recién ahora se apela a ella. Un dato por lo menos curioso es que con esta amenaza, Sobisch de hecho coincide con el gobierno de Néstor Kirchner -que dictó una suba significativa de las retenciones a la exportación de hidrocarburos- en bajarle el valor a YPF, de la cual 20% se venderá al empresario local Enrique Eskenazi. El contrato de Loma de La Lata fue negociado personalmente por Sobisch en España con el directorio anterior de Repsol -el que presidía Alfonso Cortina-. La empresa comprometió una inversión de u$s 8.000 millones en tres etapas, aportó u$s 30 millones para emprendimientos en Neuquén y pagó al gobierno de Fernando de la Rúa u$s 300 millones de canon.
Todo eso a cambio de que el contrato de Loma de La Lata se extendiera de 2017, cuando vencía, a 2027, de modo que la operación suscitó numerosas críticas porque la prórroga se firmó 17 años antes del vencimiento. Según el comunicado de Neuquén, la Secretaría de Energía de la provincia le comunicó al director de YPF, Antonio Gomis, «que informe de manera inmediata las razones del incumplimiento de las inversiones comprometidas al momento de firmar la prórroga de la concesión del yacimiento Loma de La Lata-Sierra Barrosa bajo apercibimiento de aplicar sin más trámite la caducidad de la prórroga». El comunicado indicó que «una auditoría contratada por el gobierno detectó que la empresa invirtió u$s 3.077 millones, que significa una subinversión de u$s 422 millones». Por su parte, voceros de YPF indicaron que la empresa «no está notificada de la comunicación y por lo tanto desconocemos el tenor y alcance de la misma». Dijeron que las «inversiones del primer tramo por u$s 3.500 millones están debidamente informadas al gobierno provincial y al nacional». También indicaron que «si se considera que la inversión podría haber sido pesificada, lo que no es descabellado porque las tarifas están pesificadas, hubo una sobreinversión». Pero, añadieron, «si hubiera alguna duda, la Ley de Hidrocarburos establece que corresponde una intimación para que la inversión faltante se cumpla en un plazo razonable».
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