16 de agosto 2005 - 00:00
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El Tribunal Supremo de Justicia está compuesto hoy por: Juan Carlos Codello, hermano de la mamá de Colombi y suegro del dirigente liberal Sitjá Balbastro; Guillermo Horacio Semhan, abogado amigo del gobernador proveniente de la localidad de Mercedes, ciudad de la que Colombi fue intendente; Eduardo Farizano, ex intendente radical de Goya; Carlos Rubín, un jurista que es padre del homónimo candidato opositor, pero anteriormente oficialista, y Fernando Augusto Niz, propuesto por el dirigente peronista, hoy opositor, Rodolfo Martínez Llanos.
Situación absurda
Las designaciones en el Poder Judicial correntino en el inicio de la gestión Colombi debían pasar por el filtro del Senado, donde el PaNu de Romero Feris tenía mayoría. En consecuencia, se daba la situación absurda de que los senadores provinciales del ex gobernador eran los que debían aprobar la designación de los jueces que iban a juzgar a su jefe.
El PaNu hizo valer su mayoría con creces y rechazó durante un año y medio innumerables pliegos de jueces propuestos por el gobierno. Había que destrabar la situación. Ninguno de los máximos dirigentes de Corrientes lo admite oficialmente, pero muchos lo mencionan con medias palabras que sugieren un oscuro pacto de designaciones por impunidad.
La renovación emprendida por el nuevo gobierno no excluye al Poder Legislativo. El vicegobernador y presidente del Senado, Eduardo Galantini, firmó, no bien asumió, una reducción salarial de 50% (a $ 3.000) para todos los senadores provinciales, en tiempos en que la larga crisis correntina se sumaba a la debacle del gobierno de Fernando de la Rúa.
Al año siguiente, los legisladores acumularon presentaciones judiciales y lograron cobrar el retroactivo de todos los meses restados. Con una votación en la Cámara se aumentaron los sueldos. Aquella recomposición se coronó con una comentada cena en la casa de Colombi con todos los legisladores en la que comieron cordero. De allí que aquella reivindicación salarial se conozca hoy con el mote de «dieta del cordero».
En este contexto, la oposición suma denuncias de concesiones a dedo o licitaciones con beneficiados recurrentes.



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