Horas antes, el abogado penalista Darío Vezzaro, propuesto por el gobernador José Manuel de la Sota para ocupar el cargo de fiscal general, anunció que en cuanto sea confirmado en ese puesto, iniciará una investigación sobre la actuación de los fiscales Javier Di Santo, Fernando Moine y Marcelo Hidalgo. Se trata, en rigor, de la segunda embestida en la semana, luego de las críticas disparadas el lunes por el propio De la Sota y de la confirmación de que el oficialismo legislativo promoverá un jury de enjuiciamiento contra los fiscales. Acordada En este marco, en un acta acuerdo dada a conocer ayer, el máximo tribunal sostuvo que la independencia de la Justicia «debe ser respetada por los restantes poderes del Estado, ciudadanos y por los medios de comunicación social, evitando con ello juicios paralelos y declaraciones proclives a que la opinión pública construya conclusiones que no se encuentren fundadas en pruebas incorporadas al juicio». El TSJ además enfatizó que la «mediatización y politización de un hecho judicial interfiere u obstaculiza la toma de decisiones de un poder independiente», dando así por sentado que el año electoral se coló ya en la investigación por la muerte de Nora Dalmasso, el pasado 25 de noviembre en un country de Río Cuarto. También llamó «a la reflexión y cordura a la sociedad, para que profundice su participación cívica en el marco del estado de derecho y no por una pendiente resbaladiza que amenaza con diluir la misma institucionalidad de los poderes del Estado». Según el pronunciamiento, si bien «el mal desempeño autoriza la promoción de un jury», esta herramienta debe ser utilizada con «mesura y prudencia, ya que los jueces y fiscales no pueden ser enjuiciados por el contenido de sus decisiones, salvo actividad delictual o reiterados pronunciamientos con desconocimiento del derecho». El tribunal además sostuvo que no debe considerarse que las manifestaciones populares en torno al caso puedan tener «alguna incidencia en las resoluciones a dictarse». Escenario En este delicado escenario, ayer los fiscales apelaron la decisión del juez de Control de Río Cuarto, Daniel Muñoz, de liberar el sábado al pintor y albañil Gastón Zárate, imputado como sospechoso del asesinato de Dalmasso y cuya detención había sido ordenada un día antes por los tres fiscales, al considerar que había pruebas «contundentes» contra el joven. En tanto, Zárate dijo ayer sentirse sorprendido por el apoyo que recibió de parte del intendente capitalino Luis Juez. «Hablé con Juez; me dijo que me apoya y que cualquier cosa que necesite, está a disposición», disparó. Presuroso, el jefe comunal negó haber tenido todo tipo de contacto con el albañil. En tanto, los abogados de Marcelo Macarrón, viudo de Dalmasso, reiteraron ayer su apoyo a los fiscales y aseguraron que existen elementos «contundentes» para incriminar a Zárate como principal sospechoso. El que dejará de hablar del espinoso caso policial es el abogado Daniel Lacase, quien anunció que no oficiará más de vocero de su amigo Macarrón, además de abandonar «toda vinculación» con la causa. Lacase dijo sentirse «muy dolido» por los insultos en la marcha del viernes en Río Cuarto, en reclamo de la liberación de Zárate.
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