Córdoba irá a la Justicia por las deudas de Nación

Córdoba - La provincia agotará los reclamos administrativos pendientes y, de no obtener respuestas positivas, demandará ante la Corte Suprema de Justicia al gobierno nacional por las deudas acumuladas con la Caja de Jubilaciones, el Programa de Asistencia Financiera, el Programa de Asistencia Social y dos programas de Prevención Sanitaria.
La decisión de iniciar el cobro judicial de las acreencias es algo que -como ya anticipó Ambito Nacionalo- se viene evaluando desde hace largo tiempo, incluso desde la anterior gestión de José Manuel de la Sota.
Junto a ese análisis, los funcionarios de Juan Schiaretti vienen agotando los pasos administrativos en cada una de las áreas para garantizar la viabilidad del eventual recurso judicial. «Sin prisa, pero sin falta. No vamos a cometer errores», dicen en los despachos cercanos a la Fiscalía de Estado provincial.

 Reclamos

Entre los por ahora eventuales reclamos ante la Corte Suprema (vía en la que ya incursiona el puntano Alberto Rodríguez Saá), Córdoba incluirá los que resulten de los acuerdos firmados y en vigencia entre la provincia y Nación. La mayoría de esos convenios se viene ejecutando con normalidad en los últimos años (lo que constituye un argumento clave para la demanda judicial), no existiendo en ninguno de los casos desacuerdos ni reclamos planteados por Nación.
Pero, desde hace un poco más de un año se cortaron abruptamente los envíos de fondos. A punto tal de que en estos meses no sólo se afectan a los planes citados, sino además programas esenciales de gestión automática en todas las demás provincias, como el Plan Alimentario Nacional, destinados a los sectores más pobres de la población.
En este rubro, hace 6 meses que Alicia Kirchner no manda dinero para la compra de alimentos, y hasta ahora el bache lo cubrió la administración provincial.
La asfixia financiera a la que el kirchnerismo somete a Schiaretti es la principal bandera de reclamo, no sólo de la administración provincial sino también de la mayoría de la oposición. Además constituye un argumento fenomenal para la dirigencia rural de la provincia enfrentada al kirchnerismo: si los Kirchner tratan así a los que los votaron, imaginen qué nos espera al resto, repiten.
Es decir: nadie duda en la provincia sobre la intencionalidad del gobierno de Cristina de Kirchner de agobiar a Schiaretti y a Córdoba. «Todo es producto de un mix autoritario, ilegal y perverso», aseguran en la provincia.
Al maltrato genético que el matrimonio presidencial le dispensa, incluso a sus aliados, en el caso de Córdoba se sumó la posición del peronismo en favor de los reclamos del campo. El resultado es una irreductible posición de la administración nacional, que se mueve con memoria selectiva y la adecua con aportes de maquiavelismo primitivo. Parece que Cristina decidió que para los cordobeses, ni justicia. En la provincia esperan que la Corte Suprema no opine lo mismo.