Córdoba - El gobernador Juan Schiaretti cumplió un antiguo reclamo de las organizaciones de derechos humanos y ordenó la apertura de los archivos de la Policía Provincial que puedan estar vinculados con hechos de represión ilegal ocurridos durante la última dictadura militar. «Para que haya Justicia tiene que conocerse la verdad.» «No puede haber ninguna sombra de sospecha sobre un cuerpo tan fundamental como lo es la Policía», puntualizó el mandatario cordobés, que además denominó al cuerpo de seguridad como una fuerza «de la democracia». Schiaretti firmó este viernes el decreto que instruye al jefe de la Policía de la provincia, Alejo Paredes, para que todas las seccionales revisen si existe documentación sobre violación de derechos humanos, algo que la fuerza negó hasta el momento. Sigue de este modo el actual gobierno de Córdoba el rumbo marcado por el gobierno nacional a partir de la asunción de Néstor Kirchner en 2003 y, a su vez, se diferencia del ex mandatario provincial José Manuel de la Sota, que durante los ocho años que duró su gobierno desestimó el tema. En Córdoba, la investigación de supuesta violación de derechos humanos durante el último gobierno militar concentra la mayoría de las causas en manos de la jueza Cristina Garzón de Lazcano. El principal querellante es el ex policía Luis Urquiza, actualmente radicado en Suecia. «Tomo la decisión sin espíritu de revancha u odio», dijo Schiaretti, mientras que el jefe de la Policía confirmó que ya ordenó a todos los comisarios revisar las seccionales en busca de documentación, pero se apresuró a aclarar que no cree que esa búsqueda resulte exitosa. Durante la gestión de De la Sota, ante un pedido similar, la Policía respondió que no existían archivos para mostrar, mientras dirigentes de organismos de derechos humanos acusaron a la institución de ocultamiento. «Muchas seccionales cambiaron de lugar y en los traslados mucha papelería se perdió», expresó Paredes.
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