Se tensó ayer el vínculo entre los jueces de provincia de Buenos Aires y el gobierno de Felipe Solá. Se admitió real situación de colapso.
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Los magistrados acusaron al gobernador mediante duro comunicado de tener «falta de voluntad de diálogo». Es en respuesta a críticas que realizó el mandatario sobre actuación de jueces en la provincia.
Dijo, entre otras cosas, que «dictan cátedras» o «toman o dan cursos».
Buenos Aires - Los magistrados bonaerenses admitieron una situación de «colapso» en la Justicia provincial con motivo de la cantidad de causas que se acumulan cotidianamente. Difundida ayer a través de un comunicado, la denuncia es en respuesta a las críticas que habían recibido los jueces de parte del gobernador Felipe Solá, al que además acusaron de tener «falta de voluntad de diálogo».
En un duro escrito, el Colegio de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires afirmó que «quienes estamos abocados a la tutela de un bien social de la trascendencia de la Justicia, tenemos cada vez más claro que no enfrentamos un problema sino tres; el colapso de la Justicia, los diagnósticos superficiales y la falta de voluntad de diálogo por parte de quien tiene la llave para empezar a transitar el camino de la solución, el señor gobernador Felipe Solá».
Se trata de una rápida respuesta al Poder Ejecutivo, que había criticado la actuación judicial. En este sentido, recientemente, el ministro de Justicia bonaerense, Eduardo Di Rocco, señaló que en buena medida el abarrotamiento de causas se debía a que los jueces «dictan cátedras» o «dan y toman cursos».
Haciendo blanco en Solá y Di Rocco, los jueces sostuvieron que «nuestro país tiene sobrada experiencia en el resultado de atacar con soluciones simples problemas que son complejos» y que «la Justicia enfrenta un problema estructural ». También se indicó que «deslizar una frase ingeniosa en los medios de prensa puede servir para resolver la presión mediática, pero cuando el tema deje de ser tapa de los diarios, el colapso seguirá existiendo, los jueces trabajando en las mismas condiciones y los ciudadanos sufriendo las consecuencias de la falta de soluciones responsables».
Finalmente, desde el Colegio reclamaron abocarse «al análisis serio de la situación de la Justicia y profundizar los esfuerzos para construir un Poder Judicial adecuado a las necesidades y expectativas de nuestros conciudadanos».
El contexto para esta polémica entre poderes es la crisis carcelaria que dio lugar a una masiva huelga de hambre, que abarcó a unos 12.500 presos, en la gran mayoría los penales de toda la provincia, que sólo se destrabó el miércoles pasado, luego de trece días, una vez que la Suprema Corte de Justicia bonaerense declaró la inconstitucionalidad del artículo 24 del Código Penal, que agrava el cómputo de la prisión preventiva en casos de condena a reclusión, y de que el Ministerio de Justicia se comprometiera a atender los numerosos reclamos de los presos.
Durante la duración de este conflicto, el Poder Judicial se centró en destacar que el problema tenía origen en «la falta de recursos» de los tribunales, apuntando al dinero que reciben del Poder Ejecutivo. En tanto que desde este último subrayaron la «ineficiencia» de los jueces.
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