Cuestionado Fellner recibe hoy a Kirchner

El acto que tendrá como protagonistas a Kirchner y al ministro de Educación, Daniel Filmus, será poco antes del mediodía en el nuevo edificio de la Escuela Normal Dr. Eduardo Casanovas, cuya obra costó $ 900 mil. Allí dirán presente agrupaciones indigenistas, que decidieron acercar su malestar al Presidente, al entregarle un petitorio para que intervenga como mediador en el conflicto.
Si bien desarrollan protestas pacíficas desde hace semanas, hasta el momento las comunidades no habían apelado a solicitar una mediación nacional. La dura postura del gobernador motivó el petitorio que hoy dará en mano a Kirchner una comitiva liderada por Rosario Quispe, integrante de la Comisión de Participación Indigenista (CPI) y presidente de la Fundación Kolla Warmi Sa-yajsungo.
Fellner parece no tener hechos positivos para ofrecerle hoy a Kirchner. Lejos de lograr la reforma constitucional que le habilitaría la reelección, el otrora hombre de peso en las filas K hoy sólo complicaría al santacrueño, que se encontrará con que su visita a Tilcara lo obligará a tomar la posta del dramático reclamo indígena.
La agrupaciones indígenas locales tienen una seria pelea con Fellner, especialmente luego de que 15 días atrás el mandatario interpusiera una apelación a un fallo judicial que, a principios de julio, había favorecido a los indígenas.
Dicho fallo fue en el marco de una presentación realizada por la CPI. El Tribunal Contencioso Administrativo jujeño había ordenado al Estado provincial entregar en un plazo de 15 meses tierras que, se indicó, pertenecen definitivamente a las comunidades indígenas de Quebrada, Puna y Rama.
El fallo ahora paralizado obligaba a Fellner a que «se abstenga de entregar en propiedad a particulares (sean miembros del pueblo aborigen o terceros) las tierras afectadas para la entrega a las comunidades aborígenes de los departamentos de Cochinoca, Yavi, Tumbaya, Rinconada, Santa Catalina, Susques, Humahuaca, Tilcara, Santa Bárbara y Valle Grande» y le fijó el plazo de un año y tres meses para que «complete los trabajos y demás cuestiones previas a la definitiva transferencia de las tierras en propiedad a las comunidades aborígenes».
«Cuando acudimos a la Justicia, nosotros no sólo habíamos denunciado el incumplimiento del Estado en la entrega de las tierras, sino que señalamos que, a través de órganos como el Instituto Jujeño de Colonización y la Dirección de Inmuebles, el Estado vulneraba nuestros derechos, avanzando en la entrega o venta de tierras en lugares señalados como territorio de nuestras comunidades», afirmó Quispe.