Las medidas contemplan además la instalación de cámaras de seguridad en la ciudad de Córdoba, aunque en rigor primero el gobierno deberá contar con una ley que «resguarde la intimidad de las personas». También comenzarán a funcionar la Policía Comunitaria y el programa «Llame y denuncie», que receptará denuncias de identidad reservada y se complementará con el 101. Los anuncios se producen pocas horas después del golpe de timón que De la Sota le imprimió a la política de seguridad, ante el aumento en los índices delictivos, que incluyó la remoción del titular de la cartera, Sergio Busso, y de la cúpula policial. En este marco, ayer el flamante ministro de Seguridad, Juan Carlos Massei, negó que su flamante asunción y los cambios de jefes policiales estén vinculados con la investigación por el crimen de Nora Dalmasso.
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