Aunque nunca hubo duda alguna de que por su función Ibarra era el responsable formal de las deficiencias administrativas que hicieron más probable que se produjera una catástrofe como la supuesta por el incendio que provocó la muerte de casi doscientas personas en Cromañón, esto no quiere decir que haya sido razonable destituirlo a causa de una calamidad que, en vista del escaso respeto por los reglamentos que siempre ha caracterizado a los empresarios de «la noche» y de la costumbre de ciertos funcionarios a complacerlos, pudo haberse dado en cualquier momento cuando otros estaban a cargo de la comuna. A pesar de los esfuerzos denodados de los muchos adversarios de Ibarra por encontrar vínculos directos entre lo que hizo o no hizo y el incendio en Cromañón, lo único que se ha podido establecer es que la administración de la Capital Federal no ha mejorado mucho en el transcurso de su gestión. Sin embargo, por motivos que en la mayoría de los casos habrán tenido mucho más que ver con los intereses de los diputados porteños y de sus jefes partidarios que con un análisis objetivo de las causas de lo que ocurrió aquel 30 de diciembre, más de dos tercios de los integrantes de la Sala Juzgadora de la Legislatura llegaron a la conclusión de que le correspondió a Ibarra pagar casi todos los costos políticos de la tragedia. ¿Se hizo justicia? Desde los deudos que insistían en que la pérdida de tantas vidas significara que alguien importante tendría que caer, podría decirse que sí, pero puesto que el resultado de la votación puede atribuirse a meses de presiones, intrigas y maniobras por parte de los involucrados, habrá muchos que no compartirán su opinión. Antes bien, supondrán que Ibarra fue víctima no tanto de su propia impericia cuanto de la relación de fuerzas políticas actual en la Capital. Desgraciadamente para Ibarra, en la Ciudad que administraba los macristas y aristas pesan más que los comprometidos con Néstor Kirchner y su esposa, los que, por su parte, empleaban, sin mucho éxito, el poder que supieron construir al amenazar con «castigar» a aquellos legisladores porteños que se negaran a votar a favor del intendente. Mientras tanto, ciertos familiares de las víctimas del incendio hicieron cuanto pudieron por intimidar a los legisladores que a su juicio podrían «traicionarlos», llegando en algunas ocasiones a protagonizar actos de violencia totalmente inadmisibles en una sociedad respetuosa de la ley, reforzando así la impresión de que en última instancia el destino del ex jefe porteño fue decidido no por la Justicia sino en gran medida por la calle.
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