Efecto Macri se extiende al país

La iniciativa del jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, de revisar los contratos de los empleados públicos desató un efecto dominó en los gobiernos provinciales. Ahora, también los mandatarios de Mendoza y la Rioja se sumaron a los anuncios de decisión del bonaerense Daniel Scioli de controlar a los trabajadores del Estado. Previsiblemente se potenció en las últimas horas la embestida de los gremios en distintos municipios del interior del país ante las medidas «antiñoquis».
En Mendoza, la revisión de los contratos en el ámbito público ya está en marcha, y los ministerios tienen tiempo para hacer una auditoría de sus planteles de personal hasta el 29 de febrero.
El gobernador peronista Celso Jaque publicó hace exactamente una semana el decreto gubernamental que estableció la prórroga por dos meses de todos los contratos. Allí a la vez dio un plazo de 5 días a los responsables de las carteras para rescindir las locaciones que consideraran convenientes. Esta última medida ya se concretó y se produjeron las primeras caducidades, a la vez que se habilitaron otras contrataciones, especialmente en las direcciones de los hospitales.
En sintonía, en La Rioja, el gobernador justicialista, Luis Beder Herrera, se pronunció ayer en el mismo sentido. «Cada ministro me tiene que presentar un censo de cada una de las personas que trabajan en su área, diciéndome qué es lo que hace cada una de ellas», advirtió.
El mandatario añadió que los sueldos que cobran los trabajadores «no son becas» y que «debe haber una contraprestación de servicios». Mientras tanto, el gobierno local confecciona un registro de contratados, becados y subsidiados para evitar dobles beneficios, en el marco de la política de reestructuración del Estado que lleva adelante el gobierno.
Esta semana, también Scioli mostró su intención de hacer un «diagnóstico» de los contratos de la administración pública y desplazar a quienes «no trabajen», tomando la delantera en la actitud revisionista de los mandatarios provinciales, en el pos-Macri.
En este marco, los trabajadores continúan en pie de guerra ante estas medidas. Es el caso de Jujuy, donde jornalizados y contratados de la Municipalidad de La Quiaca mantenían ayer su protesta en cercanías de la Legislatura provincial, en busca de una solución para los 120 empleados cesanteados. Se sumó, en tanto, el reclamo de otras localidades del interior jujeño, entre ellas Puesto Viejo y Maimará (40 personas) y San Pedro, donde hay un conflicto similar que involucra a alrededor de 200 personas.
En San Luis, por su parte, trabajadores de la Municipalidad de la Capital marcharon ayer en rechazo a la medida de la intendente Alicia Lemme de volverlos a su condición de beneficiarios del plan de ayudas económicas. En tanto, en Salta, municipales de Embarcación iniciaron el miércoles un paro de actividades en demanda de un incremento de $ 250.