En una gran mayoría de casos las que están en la mira son las empresas mineras. Un caso influyente a nivel local en este sentido es el que conforma la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo dentro del ámbito de la Secretaría de Ambiente Humano y Desarrollo Sustentable que conduce Romina Picolotti. Esta autoridad especial creada por ley recientemente tiene el difícil objetivo de resolver lo que se diagnosticó como «crisis terminal» de la cuenca Matanza-Riachuelo. Desde que asumió en julio pasado, Picolotti se convirtió en una funcionaria clave en este nuevo protagonismo de la conservación del medio ambiente dentro de la agenda política argentina, generando un movimiento que repercute en los gobiernos provinciales, aunque no siempre de manera amable.
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Encuentro Justamente, la secretaria del gobierno de Néstor Kirchner recibirá hoy a dos gobernadores que tienen un problema común. Se trata del tucumano José Alperovich (PJ) y el santiagueño radical Gerardo Zamora, quienes serán recibidos por Picolotti a las 16 para avanzar en una política conjunta que termine con la contaminación del río Salí, cuyos efectos se sufren en el embalse de Termas de Río Hondo (provincia de Santiago del Estero), con incidencia también en la laguna de Mar Chiquita (en territorio cordobés). Por lo pronto ya existe una intimación hacia el sector empresarial azucarero de Tucumán -que vuelca sus efluentes a esa cuenca- para que re- convierta sus procesos de producción. A su vez, en la Cámara de Diputados de la Nación se encuentra en trámite un proyecto de ley sobre la creación de un comité de cuenca Salí-Dulce, que integrarán cinco provincias y la Nación, con la presidencia de Picolotti. La idea es generar una situación idéntica a la que se puso en marcha para la limpieza del Riachuelo con la Autoridad de Cuenca. Se trata de un problema de larga data, con planteos judiciales por contaminación del río Salí desde la década del 80, con distintas denuncias de por medio. Pedido En este marco, desde el gobierno local, la directora de Medio Ambiente, Patricia Jalil, destacó que pidió a los «dueños de los ingenios azucareros que coloquen dispositivos que prevengan la contaminación atmosférica y que se prevé hasta la clausura de las empresas». Sin embargo, aclaró que «el único ingenio que posee dispositivos en todas las calderas que utiliza es el Marapa». En paralelo, otro caso reciente de defensa del medio ambiente, tampoco exento de polémica, se da en la provincia de Mendoza. En la provincia que gobierna el radical alineado con Néstor Kirchner, Julio Cobos, el Senado local acaba de dar media sanción a un proyecto de ley que suspende el otorgamiento de derechos mineros, cateos, exploraciones o explotaciones metalíferas a cielo abierto, en todo el territorio provincial. Como condición de levantamiento de esta suspensión, el proyecto elaborado por el legislador demócrata Jorge Difonso solicita que el Poder Ejecutivo genere un plan ambiental, requisito que es requerido por la Ley Provincial Nº 5.961. Según explicó el legislador mendocino Difonso «actualmente no hay explotaciones como las que quedan suspendidas, pero sí numerosos y millonarios proyectos que no deberían iniciarse hasta que no esté listo el plan ambiental y no tengamos un mapeo geográfico de la provincia».
