El riesgo de otorgar nuevas subas

Si el presidente Néstor Kirchner creyó que los aumentos generosos que fueron otorgados bajo su égida a los camioneros, bancarios, encargados de edificios y otros le garantizarían algunos meses de paz laboral, ya se habrá dado cuenta de su error. Cuando un sindicato logra una mejora sustancial para sus afiliados, todos los demás trabajadores querrán recibir uno que sea equiparable; de ahí los paros sorpresivos que paralizaron el subte porteño y desataron el caos en las calles de la Capital al reclamar los empleados de una empresa concesionaria los mismos beneficios que los ya conseguidos por quienes están representados por la Unión Tranviarios Automotor (UTA). Tales trabajadores están lejos de ser los únicos que se sienten injustamente postergados. Los estatales, conscientes de que desde hace mucho tiempo están perdiendo terreno frente a los empleados de la mitad blanca del sector privado, también creen que ha llegado la hora para acortar las distancias, razón por la que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que ya ha advertido que podría declararse en huelga la semana que viene, está pidiendo un aumento de 30 por ciento, mientras la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) estará pensando en una cifra parecida.
El gobierno tiene buenos motivos para resistirse a la presión de los sindicatos estatales. De haber aumentado los salarios de los empleados públicos tanto como los del sector privado, no le hubiera resultado tan fácil asegurar el superávit fiscal abultado que constituye uno de los pilares básicos de su política económica. Sin embargo, al difundirse la sensación de que la economía ya se ha recuperado de los golpes demoledores que recibió en 2001 y 2002, a los gremialistas estatales les es cada vez más difícil afirmarse conformes con la situación actual sin verse convertidos en blanco de la ira de los afiliados que achacan su moderación a sus vínculos con el oficialismo.
Merced a los acuerdos ya alcanzados por entidades empresariales con los sindicatos más poderosos del sector privado, en especial el de los camioneros, y la decisión del nuevo gobernador de Santa Cruz de comenzar bien su gestión dando 30 por ciento más a los empleados públicos de su provincia, medida que contó con la plena aprobación de Kirchner, ya se han hecho rutinarios los aumentos salariales de 20 por ciento o más. Así las cosas, sorprendería que en las negociaciones que deberían iniciarse el día 21 de este mes los estatales aceptaran una suba más modesta. Aunque tanto los voceros oficiales como los sindicalistas insisten en que los aumentos salariales que están formalizándose no serán inflacionarios, en cualquier economía en la que los costos laborales experimentan subas tan grandes como las que fueron anunciadas últimamente, los precios de muchos productos no pueden sino acompañarlos.
Que la mayor actividad económica se haya visto reflejada en salarios más altos es perfectamente natural y muy positivo, pero a menos que los cambios así supuestos guarden cierta relación con el aporte al conjunto tanto de los trabajadores como de las empresas o reparticiones públicas, el resultado será más inflación. Es por eso que un sistema tan centralizado como el existente en nuestro país, donde no suelen tomarse en cuenta las diferencias entre las distintas empresas y sectores, propende a ser de por sí inflacionario. No bien recibe un gremio un aumento determinado, otros reclamarán uno que sea similar o superior aun cuando en su caso particular las circunstancias sean totalmente distintas. Según las pautas reivindicadas por los gremialistas estatales, todos los trabajadores, estén en el sector privado o en el público, merecen ser tratados del mismo modo, pero según la lógica del mercado, el monto de los salarios debería depender de una multitud de factores que sirven para diferenciar a unos de otros. Ya que es muy difícil estimar la productividad de la mayoría de los estatales, quienes se saben rezagados atribuyen su postergación en comparación con los empleados del sector privado no al hecho de que en términos económicos algunas actividades valgan más que otras, sino a la hostilidad del gobierno o la escasa combatividad de los líderes sindicales, de suerte que es de prever que los empleados del sector público sigan protagonizando una proporción elevada de los conflictos laborales.