12 de agosto 2005 - 00:00
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Los beneficios más importantes que establece son, en primer lugar, la devolución de hasta 30% de la inversión nueva realizada o de la ampliación de las existentes en un plazo que no podrá exceder los 5 años, contados efectivamente a partir de la primera producción efectuada y el reintegro de 50% o crédito fiscal a los efectos de pagos futuros de impuestos por las inversiones en caminos, redes eléctricas, provisión de agua potable, desagües y otras obras de infraestructura.
En tanto que también se eximirá a inversores de pagar tributos provinciales por un plazo de 10 años, así como facilidades para la compra, locación o comodato con opción de compra de bienes muebles e inmuebles del Estado provincial. La norma también incluye medidas antimonopolio.
Se apunta además a propiciar la radicación de industrias o iniciar o incrementar su actividad en zonas de escasa población y de marcada tendencia migratoria. Asimismo se busca el aprovechamiento racional de los recursos provinciales, incentivar las mejoras tecnológicas, apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas y generar nuevos puestos de trabajo.



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