Deseosa de esquivar el fantasma de una nueva escalada de conflictos sociales y del retorno de las cuasi monedas, Cristina de Kirchner enviará en las próximas horas al Congreso nacional un proyecto de ley para flexibilizar la Ley de Responsabilidad Fiscal y, así, liberar a las provincias de las restricciones que les impiden endeudarse para pagar gastos corrientes, entre ellos los salarios.
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La pretensión apunta a que la reforma sea sancionada la semana que viene. Se trata de una respuesta directa al pedido de la mayor parte de los gobernadores en pos de una suspensión de algunos artículos de esa norma, creada en 2004 a instancias del por entonces presidente Néstor Kirchner y que pone un tope al gasto y al endeudamiento de los mandatarios.
En el marco de las graves urgencias de caja que atraviesan las provincias, los ejecutivos obtendrían así recursos adicionales para hacer frente a, entre otros objetivos, el cumplimiento del pago de los salarios (cuyo cronograma se ve demorado o se cumple a fuerza de contar monedas en cerca de medio país).
Por caso, el bonaerense Daniel Scioli espera la sanción de esa ley para emitir un título público para ser colocado en el mercado local, por $ 600 millones, para hacer frente al pago de gastos corrientes (como pago a proveedores, sueldos y certificados de obras).
Según fuentes de la Casa Rosada, «la idea es que los gobiernos provinciales puedan llegar con financiamiento tranquilos hasta fin de año». En esa línea, confiaron en que, tras las reuniones mantenidas con distintos mandatarios, la reforma saldrá «por consenso de todo el oficialismo e incluso, de la oposición».
Los voceros precisaron que los cambios en la norma fiscal «flexibilizarán el uso de los recursos de capital para que los gobiernos provinciales puedan usarlos en gastos corrientes». También morigerarán -agregaron- «los dos aspectos más rígidos que impiden endeudarse». En sintonía -explicaron-, los gobernadores también «podrán trasladar partidas para el pago de sueldos».
Desde la óptica de Balcarce 50, Buenos Aires, Córdoba y Jujuy «son las que más problemas presentan para cumplir con el pago de salarios».
El reclamo de una morigeración de la Ley de Responsabilidad Fiscal fue uno de los planteos que algunos gobernadores llevaron a la Presidente en el marco de la ronda de diálogo político desplegada por la Casa Rosada. Uno de los que llevó la voz cantante fue el mendocino justicialista Celso Jaque, cuya avanzada derivó incluso en la presentación días atrás de un proyecto de ley ante el Congreso nacional, con la firma de la legisladora nacional Patricia Fadel (FpV) y el aval de varias provincias.
Ahora es el Gobierno nacional el que avanzará directamente en la presentación de un proyecto cuyos ejes fueron enriquecidos en una reunión del comité ejecutivo del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal que se realizó ayer a las 9 en el Palacio de Hacienda y que reunió a ministros de Economía de ocho provincias con funcionarios nacionales de esa cartera. No fue de la partida Amado Boudou, aunque sí estuvo el secretario de Hacienda nacional, Juan Carlos Pezoa, quien concretó una breve exposición sobre la situación financiera del país y luego se retiró.
«La idea que flotó es que la suspensión parcial y temporaria de la ley en lo que queda del año y en 2010 es un mal necesario», aseguró ayer un asistente al cónclave a este diario, además de admitir -no sin un dejo de resignación- que no hubo precisiones respecto del proyecto de Presupuesto nacional 2010.
«Se analizó hacer un mix entre el proyecto presentado por los mendocinos y una propuesta nacional», afirmó otra fuente del interior.
Según el primero de los funcionarios, no se trató, en cambio, otro de los planteos de los gobernadores: el de una reestructuración de la deuda de las provincias, que suma ya más de 99 mil millones de pesos y que tiene al Gobierno nacional como principal acreedor.
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