La aprobación de la ley responde al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, el año pasado, había «exhortado» a los poderes Ejecutivo y Legislativo del ámbito bonaerense a «adecuar su legislación procesal penal en materia de prisión preventiva y excarcelación, y su legislación de ejecución penal y penitenciaria, a los estándares constitucionales e internacionales». La reforma de la denominada ley de «mano dura» sancionada en el gobierno de Carlos Ruckauf tiene como principio general que la restricción de la libertad sea ejercida de manera «excepcional» y «sólo cuando fuera absolutamente indispensable», según los términos de la sancionada iniciativa. El proyecto había sido aprobado por el Senado la semana pasada y transformada en ley hoy por Diputados, determina que la excarcelación podrá ser otorgada en los casos en que la pena máxima prevista para el delito cometido no supere los ocho años de prisión (actualmente el techo son seis años). Pero esa condición no es excluyente, ya que los jueces podrán conceder el beneficio de la excarcelación «si el máximo de la pena fuera mayor, pero de las circunstancias del o los hechos y de las características y antecedentes personales del procesado resultare probable que pueda aplicársele condena de ejecución condicional». La futura ley elimina además los «supuestos restrictivos», limitando únicamente la concesión de la excarcelación a los casos en que se verifiquen los denominados «peligros procesales», entre los que se menciona la posibilidad de fuga o el entorpecimiento de la investigación.
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