Clases presenciales: gremios cuestionan nuevo semáforo epidemiológico
Ctera rechazó flamante formato con el que gobernadores pueden decidir retorno a escuelas y reclamó volver al aval sólo en distritos con baja o nula circulación viral. Uda advierte sobre el riesgo de que Nación se desentienda de blindaje financiero a provincias para protocolos.
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El semáforo de “riesgo epidemiológico” aprobado hace una semana por el Ministerio de Educación y las 24 jurisdicciones disparó un mix de críticas y advertencias desde gremios docentes nacionales, actores clave del proceso de retorno acotado y progresivo hacia algún formato de presencialidad en las escuelas.
Si bien hubo representación sindical en esa reunión virtual del Consejo Federal de Educación, en los hechos no tuvieron voto. Y su postura es de peso frente al reordenamiento que requerirá el tránsito hacia la combinación presencialidad/virtualidad en el compartido ciclo lectivo 2020/2021.
La mirada crítica tiene, sin embargo, matices, en un arco que va desde el rechazo del formato de “semáforo” de riesgo de contagio bajo, medio y alto para evaluar un retorno a algún tipo de presencialidad, a la advertencia sobre la amenaza de que Nación se desentienda financieramente del acompañamiento a las provincias, a partir de la libertad de acción que el retocado protocolo sanitario le da a los gobernadores.
La nueva guía epidemiológica flexibiliza aquel protocolo aprobado en julio: se mantiene que los distritos con riesgo “bajo” están en condiciones de definir un retorno a clases presenciales, pero se suma que los de riesgo “medio” podrán avanzar hacia actividades “educativas no escolares” al aire libre y en grupos pequeños, o “presenciales de cierre de ciclo” y de “revinculación” de alumnos. Esta última llave permitió el desembarco de alumnos esta semana en escuelas secundarias de CABA.
Frente a ese escenario, el plenario de secretarios generales de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) advirtió que ese “semáforo adolece de criterios sanitarios y epidemiológicos precisos que garanticen y prioricen el cuidado de la vida y de la salud de la comunidad educativa”.
“La resolución deja librada a cada una de las jurisdicciones, en base a los nuevos indicadores, la vuelta a la presencialidad, descentralizando decisiones que debería tomar conjuntamente el Consejo Federal de Educación junto al Ministerio de Salud de la Nación y los ministerios de Salud provinciales”, sostuvieron además.
En filas de Ctera -que lidera Sonia Alesso, con Roberto Baradel como secretario general adjunto- interpretaron que “permite que las decisiones que primen en cada jurisdicción sean de carácter político coyuntural, secundarizando a las de carácter político sanitario, pedagógico y educativo”. Y remarcaron que “las experiencias en el mundo muestran que la apertura de escuelas en pandemia con determinada circulación del virus ha multiplicado los contagios y favorecido un nuevo brote”.
Por eso rechazaron la implementación de la resolución nacional y exigieron “a las autoridades que respeten los parámetros sanitarios e epidemiológicos establecidos” en el protocolo original de julio para un potencial retorno a la presencialidad escolar, que involucran “nula o baja circulación del virus” y “el consenso necesario en cada jurisdicción”, entre otros ejes.
Por su parte, el secretario general de Unión Docentes Argentinos (Uda), Sergio Romero, hizo hincapié Ámbito -aunque sin vetar la modalidad del semáforo- en la necesidad de “recuperar la presencialidad, pero de manera muy responsable, cuidando la salud de los docentes y de los alumnos”. Sin embargo, advirtió que “el Estado nacional es quien tiene que garantizar la educación” y que “para que se cumpla con el protocolo tiene que haber inversión”.
Según Romero, hoy el Ministerio de Educación -que conduce Nicolás Trotta- está girando fondos a las provincias “pero poco”. “La mayor financiación para la aplicación de los protocolos proviene de recursos provinciales”. dijo. En esa línea, advirtió que el riesgo “es que el Ministerio se desligue” de esas remesas. “Esto de darle exclusividad a las provincias para habilitar o no la presencialidad podría repetir los noventa”, dijo, al recordar “la transferencia de los servicios educativos a las jurisdicciones” en esa década y la fragmentación del sistema.
“El Ministerio de Educación tiene que tener una fuerte revisión y permanente atención sobre lo que hacen las provincias”, recalcó, además de advertir que “volver a dar la responsabilidad a los gobernadores es un error estratégico”.
Hasta el momento sólo persisten las experiencias acotadas de retornos a clases presenciales en escuelas rurales de Formosa, La Pampa y San Luis, mientras que el próximo lunes volverá a sumarse Catamarca.
En tanto, en tierra bonaerense pretenden dar ese paso en una veintena de distritos -con bajo o nulo nivel de circulación de coronavirus- en la semana del 26-O, con foco en los alumnos a revincular y en los últimos años. Y en el caso de la arena porteña, la administración de Horacio Rodríguez Larreta activó esta semana un retorno de grupos de hasta 10 alumnos del último año de la secundaria en patios de colegios, para actividades no escolares. "No son clases presenciales", remarcó Trotta en las últimas horas, en referencia a un distrito catalogado como de "riesgo medio".
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