Buenos Aires - El ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, Ricardo Casal, confirmó ayer a los diputados provinciales que no remitirá este año la solicitud de prórroga de la emergencia policial, durante una visita al recinto de la Cámara baja.
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Atento a que la última extensión de la emergencia policial vence el 19 de julio, el ministro les ratificó a los legisladores la decisión de no renovarla, la cual fue recibida como un signo positivo por parte de los opositores. «La emergencia policial no aporta demasiado operativamente», argumentó Casal.
Si bien hubo coincidencia en general en no extender por otro período la emergencia policial, luego de cinco años consecutivos en los que se fue renovando, la oposición hizo otra lectura de la decisión del Gobierno de Daniel Scioli. Es que para volver a prorrogarla, la gobernación precisa de la autorización del Parlamento local y ya no cuenta con la mayoría en las dos cámaras desde las últimas elecciones legislativas.
En esa línea, el presidente del bloque de Unión-PRO, Ramiro Gutiérrez, señaló que «este año Casal está forzado por la conformación de la Cámara a no renovarla porque sabe que este tipo de leyes no se sancionarían: Scioli deberá replegarse antes de perder una eventual votación en la Cámara baja» y justificó la postura en contra: es una «ley arbitraria», que favoreció «a la destrucción de la Policía de la provincia y a las escandalosas compras directas sin ningún tipo de control de los organismos del Estado o de la oposición».
Asimismo, los propios policías se han manifestado en varias ocasiones en contra de la medida porque -argumenta- permite «poner en disponibilidad o desafectar del servicio» a los efectivos, además de «reasignar funciones y destinos» o «declarar la prescindibilidad, jubilar o pasar a retiro al personal».
De hecho, la emergencia, que fue declarada en 2004 durante la gestión del ex ministro de Seguridad, León Arslanian, sirvió de paraguas para adoptar medidas de reestructuración de la fuerza. Pero, a partir de ahora, los efectivos bonaerenses dejarán de estar en disponibilidad y ya no podrán ser removidos de sus funciones sin que existan causas fundadas, según dispuso el Gobierno provincial en medio de una puja política con el bloque que controla Francisco de Narváez.
Además de la confirmación sobre la no prórroga de la emergencia policial, el ministro ponderó en la Legislatura la incorporación de más policías al servicio preventivo en las calles y la firma del convenio que permite contar con unas 140 avionetas para combatir a la delincuencia en los sectores rurales y en las ciudades de la Provincia (ver aparte).
ambién, Casal anticipó que en los próximos días enviará un paquete de nuevos instrumentos afines a su cartera de Estado, como una nueva ley de ejecución penal y la designación de más funcionarios judiciales en el interior de la provincia, ya sean defensores o jueces de garantías.
El encuentro con los titulares de las bancadas con representación parlamentaria se incluyó en la agenda oficial de Casal con el objetivo primordial de informar los alcances del plan que desarrollará al frente de las carteras recientemente unificadas. Por otra parte, la visita formó parte de un cronograma de reuniones con los miembros del gabinete del Gobierno provincial que el presidente de la Cámara de Diputados, Horacio González, dispuso desde que asumió el cargo para conocer en detalle las políticas a instrumentar desde distintas áreas y articular acciones entre ambos poderes.
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