San Juan - Empresarios y gremios vinculados al sector minero en la provincia presentaron una medida declarativa de inconstitucionalidad ante la Justicia federal contra la Ley de Glaciares. El Gobierno de José Luis Gioja apoyó la iniciativa, aunque no participó formalmente de la acción.
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La preocupación sobre cómo va a incidir la norma en el curso de los proyectos mineros en marcha, y sobre todo en los que están en carpeta en la provincia, brotó mucho antes de la polémica sanción en el Senado el 30 de septiembre, pero ahora tomó temperatura con la promulgación y la publicación en el Boletín Oficial el jueves pasado.
La Cámara de Empresarios Mineros de San Juan, de Servicios Mineros y de la Construcción junto a los dirigentes de la CGT, de la UOCRA y de la Asociación de Obreros Mineros Argentinos se unieron para delinear las acciones a seguir a fin de frenar el avance de la ley, que consideran inconstitucional «porque avasalla los derechos de la provincia» y porque no tuvo en cuenta las leyes locales.
Tras la presentación de la medida declarativa, los empresarios y sindicatos quieren que la Justicia se expida a la brevedad, ya que empezó a correr desde la promulgación de la ley un plazo de 90 días para reglamentarla para que se comienza a aplicar.
Como parte de la estrategia que consensuaron los sectores vinculados con la minería, solicitaron al Ejecutivo sanjuanino que no se involucre en el planteo judicial porque entienden que eso implicaría «mucha presión sobre el Gobierno local por estos días».
En tanto, Gioja apoya la postura de las empresas y los gremios locales y, tal como se lo pidieron, no fue parte de la presentación y esperará para analizar qué pasos dar según cómo se desarrolle el proceso judicial.
A pesar de las advertencias acerca de la afectación directa que podría tener sobre la actividad minera y del enfado de las provincias cordilleranas que, basando sus fundamentos en la Constitución nacional, vieron cercenada su potestad sobre sus recursos, el Senado convirtió en ley hace poco más de un mes la versión modificada por Diputados de los proyectos de protección de glaciares, que era de las dos la más dura y más restrictiva para la actividad minera.
La reacción de los gobernadores de los distritos del extremo oeste, que inútilmente intentaron diversas gestiones políticas a favor del proyecto original del Senado, no tardó en salir a escena. Pionero, el sanjuanino Gioja disparó horas después de la maratónica sesión legislativa de fines de septiembre que iría a la Justicia para frenar la norma y enseguida el resto de los mandatarios afectados, muchos con leyes propias, específicas, locales para la protección de las masas de hielo al igual que San Juan, señalaron que calcarían la medida.
«Se va a litigar todo lo necesario para defender a las provincias», remarcó Gioja a principios de octubre, y enfatizó: «No me interesan los costos políticos que tenga».
Ahora, la posta la tomaron los empresarios y sindicatos de la provincia. La estrategia es la misma que en un principio había trascendido iba a llevar adelante el Gobierno local: la presentación de una medida que sirva para suspender la flamante ley tras su promulgación, hasta tanto un tribunal federal o la Corte Suprema de Justicia de la Nación definan si la iniciativa es verdaderamente constitucional.
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