Uno de ellos, el sanjuanino José Luis Gioja, logró calmar con el anuncio un incipiente acuartelamiento. Otro, el sanluiseño Alberto Rodríguez Saá, lo sufre en cambio desde el pasado lunes, con el consecuente impacto negativo sobre la seguridad que se vive en la provincia. Pero el malestar se siente además en otros puntos del país. Por caso, ayer protagonizaron un motín por diferencias salariales en el mes de marzo los policías contratados de la Dirección de Patrulla Urbana de la capital tucumana. La negociaciación por parte del gobierno quedó a cargo del subsecretario de Seguridad Ciudadana, Alfredo Di Lella. Condicionamiento En rigor, en el caso de San Luis, Rodríguez Saá condicionó el anuncio de una suba salarial para toda la administración pública al levantamiento de la medida de fuerza de los policías. Incluso, los detalles de la recomposición se darán a conocer recién cuando se pacifique la protesta de los efectivos. El escenario se agravó en las últimas horas, luego de que se plegaran a la medida miembros del Servicio Penitenciario. «Son sólo algunos efectivos; el resto permanece en estado de deliberación», aclaró anoche una fuente gubernamental. En la provincia, la policía provincial permanece autoacuartelada desde el pasado lunes, en reclamo de un aumento salarial y en demanda de cambios vinculados a su actividad. Allegados al mandatario aseguraron ayer que las negociaciones son «permanentes». Sin embargo, el vocero de los policías rebeldes, el abogado y comisario mayor retirado Alejandro Miranda, desmintió la existencia de contactos «por ahora», y advirtió que «con un anuncio de aumento de sueldos únicamente, no se soluciona el problema de fondo que afecta a la Policía». «No sólo pretendemos los incrementos salariales que nos corresponden, sino que se debe realizar una profunda reestructuración en la fuerza», dijo. Estrategia En San Juan, en tanto, Gioja dispuso un aumento de 15% en los sueldos básicos, más un adicional de 45 pesos en vales de comida, para los integrantes de la Policía provincial. Así lo informó ayer el ministro de Gobierno, Emilio Fernández, al hacer frente a las demandas del sector, que se hicieron sentir con fuerza en las últimas horas a través de la red interna de comunicaciones y con reuniones entre policías de distintos rangos en las comisarías y reparticiones policiales. El aumento otorgado por decreto es el mismo que hace dos semanas dispuso el gobierno para los trabajadores de la administración pública provincial, y que fue aceptado por cuatro de los seis sindicatos que recibieron la propuesta de incrementos. Según el ministro, «con el aumento otorgado a la Policía, un agente recibirá un aumento neto de bolsillo de 117 pesos y, según la escala de mandos, los incrementos llegarán hasta los 340 pesos para un comisario general». Paralelamente, el ministro negó que haya un estado deliberativo en la fuerza de seguridad y aseguró que «el personal está trabajando normalmente».
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