Previsiblemente, la escalada de comicios -en 2007 se votarán nuevos gobernadores, con excepción de Corrientes y Santiago del Esteropotenció los reclamos sectoriales.
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En la otra vereda, la necesidad de aquietar los ánimos en cada distrito para aventar focos de conflicto que espanten votos obliga ya a los mandatarios a afinar el lápiz para optimizar el uso de las partidas.
Este escenario quedó evidenciado, por caso, en la entrevista que el ministro de Hacienda de Río Negro, Pablo Verani, le concedió al diario «Río Negro».
«¿Habrá más presión en 2007 porque es un año electoral?», le preguntaron. «Sí. Todo está sujeto a negociación y hay que advertir los límites. En años electorales aumenta la presión al gasto, porque el año conforma una oportunidad y la obligación del gobierno de evitar conflictos», reconoció.
En este marco, el funcionario del radical K Miguel Saiz advirtió, sin embargo, que «hay que ser consciente de que hay un piso y un techo».
«No se puede poner en riesgo esta estabilidad fiscal», dijo. Pero, según Verani, además de la amenaza de un «desmedido incremento del gasto público», el año electoral radica otra complicación. «El frente fiscal se constituye en un problema si Nación no ofrece una reestructuración; (pero) durante este año electoral no existirá un ámbito favorable para avanzar.»
Las precisiones del funcionario rionegrino se enmarcan en un escenario complicado para el conjunto de las provincias. Cálculos privados ya dan cuenta de un 2007 con cierre financiero (incluyendo el pago de servicios de deuda) negativo por más de $ 2.600 millones para el total de los distritos. Dentro de este panorama, los gobiernos buscarán cerrar lo antes posible sus respectivos programas de asistencia financiera (PAF), por los cuales Nación refinancia los servicios de este año. Cabe recordar que la administración federal es acreedora de 68% de la deuda pública provincial (ver aparte).
En este contexto, desde el gobierno de Río Negro aseguraron que prevén firmar su PAF el próximo mes. El monto del préstamo nacional que solicitará la provincia oscilaría entre $ 220 millones y $ 230 millones para financiar amortización e intereses por $ 377 millones, de una deuda cuyo stock es de $ 2.952,824 millones.
En tanto, en lo que respecta al aumento del gasto para pagar salarios y servicios de deuda, la necesidad de mayores ingresos por parte de las provincias está también vinculada a la llegada de fondos provenientes de las transferencias automáticas con origen en la recaudación nacional.
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