Corrientes - Se profundizó ayer la protesta salarial de la Policía y los guardiacárceles correntinos, que continuaban anoche acuartelados -por segundo día consecutivo- en comisarías y penales tras haber fracasado una negociación con el gobierno del radical Arturo Colombi. Frente al tenso escenario, la capital provincial contaba con un servicio de seguridad limitado, prestado por fuerzas federales. No obstante, el jefe de Gendarmería Nacional de la región, Martín Puentes, desmintió que esa fuerza «esté patrullando» las calles y negó haber recibido una orden en tal sentido del ministro de Justicia, Aníbal Fernández. Pese a ello, fuentes del Ministerio de Justicia aseguraron que el servicio de seguridad está a cargo de un escuadrón de la Gendarmería nacional, dos unidades de la Prefectura y por la delegación correntina de la Policía Federal. Ayer, el ministro de Hacienda local, Sergio Tressens, defendió el aumento salarial anunciado por Colombi -y que los policías rechazan- y pidió que se levanten las medidas de fuerza para abrir una mesa de diálogo.
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Adicionales No obstante, adelantó que «se otorgarán adicionales a los efectivos de las categorías más bajas», aunque sostuvo que el anuncio se concretará cuando se analice «con criterio y responsabilidad» el monto de la suba. Tressens además cuestionó la modalidad del reclamo y le atribuyó intencionalidad política, al asegurar que está protagonizado por «un grupo de 200 muchachitos que tienen entre uno o dos años de antigüedad en la fuerza, fogoneados por mujeres sediciosas y por sectores perdidosos de las últimas elecciones», en velada referencia a las combativas esposas de los manifestantes y al radicalismo opositor que lidera el ex mandatario y primo del actual gobernador, Ricardo Colombi. La delicada postal se vio agravada ayer por un paro de los trabajadores estatales y por la parálisis de tareas en los cinco hospitales de la ciudad de Corrientes, también por reclamos salariales. Alrededor de 600 efectivos, sobre un total de 3 mil que cumplen funciones en la capital, se encontraban ayer sin prestar servicios en el predio del Comando Radioeléctrico local, mientras el resto permanecía en las comisarías sin recibir denuncias de la gente y sin patrullar las calles. Según se informó, al menos en la mitad de las 16 dependencias policiales que hay en la capital correntina había ayer efectivos autoacuartelados, y varias comisarías del interior provincial se sumaron desde la noche del martes a las medidas de fuerza.
Penitenciarios También está acuartelado el personal del Servicio Penitenciario, lo que complica seriamente el manejo de las dos cárceles de condenados que tiene la capital correntina. La situación, en rigor, se agravó por la mañana, cuando se incrementó el acatamiento a la medida de fuerza de los policías, que comenzó el lunes por la noche, en disconformidad con el aumento salarial de 20% anunciado por Colombi, quien elevó a 1.100 pesos el salario mínimo. Según los efectivos acuartelados, la retención de servicios continuará «hasta que el gobierno firme un decreto que eleve el mínimo a 1.500 pesos». En un intento de destrabar el tenso escenario, ayer el gobierno provincial envió al lugar de la protesta al asesor legal de la Jefatura de Policía, Javier Piñeiro, quien pidió que «acepten el aumento anunciado, salgan a trabajar para garantizar seguridad y dialoguen para una nueva oferta salarial». Sin embargo, no tuvo éxito y debió retirarse del lugar en medio de insultos. Los manifestantes también exigen la renuncia del jefe de la Policía, Rodolfo Fernández, a quien acusan de «no defender los intereses de la familia policial». En paralelo, al menos una veinte familias acamparon ayer frente al Penal 1, donde instalaron carpas por tiempo indeterminado en señal de protesta.
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