Mendoza - El ministro de Seguridad provincial, Carlos Ciurca, se refirió al polémico lanzamiento del Acuerdo Social contra el Delito, que realizó recientemente el gobernador Celso Jaque, en un contexto de crisis de inseguridad inusitada. La puesta en marcha del pacto provocó que tres funcionarios relacionados con el área de derechos humanos presentaran sus renuncias de manera indeclinable por no tener «coincidencias con la convocatoria al pacto social». Se trata del subsecretario de Derechos Humanos, Diego Lavado; el coordinador de Derechos Humanos, Alfredo Guevara; y la titular del Instituto de la Mujer, Mariana Hellín. En diálogo con Ambito Nacional, Ciurca detalló los alcances del plan, para paliar el problema de la inseguridad que mantiene en vilo a Jaque desde que asumió. Veamos: Periodista: ¿En qué consiste el acuerdo social contra el delito? Carlos Ciurca: La convocatoria fue para sectores del Estado: Poder Judicial, Legislativo, los municipios, sectores empresarios, sindicatos, ONG, medios de comunicación, partidos políticos, universidades, todos los credos religiosos. Lo que se hizo fue hacer una agenda de una propuesta inicial para ver temas a debatir. La intención es realizar acciones inmediatas contra el delito. Hoy nos hemos reunido con el Poder Judicial, con los ministros de la Corte y el procurador. Con ellos avanzamos en leyes concretas y la ampliación del juicio directísimo, los procesos de flagrancia, donde a la persona se la encuentra in fraganti. El promedio de sentencia es de cuatro días, con una economía procesal importante. Se estuvo hablando de los allanamientos, la reforma del código de faltas, la ampliación de la jurisdicción en cuanto a los jueces de falta, ampliar las atribuciones de los jueces de paz, en cuanto a competencia en falta, y avanzar en juzgados municipales. P.: ¿Cuáles son los objetivos? C.C.: Queremos avanzar en acciones inmediatas que confluyan en resolver las cuestiones de delito, en relación con la impunidad y la violencia de los últimos tiempos. Mendoza es una provincia que genera movilización, por eso queremos aunar el compromiso de aportar desde todos los sectores. Queremos hacer conocer las acciones del plan y dar apertura a todos los sectores. P.: ¿Qué tiene para decir sobre las renuncias en derechos humanos? C.C.: Nosotros somos respetuosos de los fundamentos que ellos dieron. Son funcionarios que han expresado diferencias doctrinarias. Hubiéramos querido estar de acuerdo, pero no podemos opinar en una decisión que ya tomaron. P.: ¿Cómo fue el acuerdo en la Legislatura? C.C.: En la Legislatura nos hemos reunido. Todos los partidos asistieron para el acuerdo. Lo que sí podemos decir es que existe predisposición de los partidos con representación legislativa en apoyar el plan. En la sanción de leyes inclusive. La respuesta ha sido muy positiva.
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