Jueces provinciales también piden subas

José Manuel de la Sota

En el lote de provincias donde la discusión ya está instalada se encuentran, por caso, Mendoza, Catamarca, Córdoba, Chaco y Buenos Aires.

«El aumento que benefició a los jueces a nivel nacional es una instigación», aseguró ayer a Ambito Nacional un ministro norteño, preocupado por las repercusiones que la medida tendrá a nivel local.

El malestar de los gobernadores apunta a que la presión por mayores salarios amenaza con compliar seriamente el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal, que rige desde este mes.

La puja por el incremento para jueces provinciales se dio en torno al armado de los presupuestos y bajo un clima de tensión, en algunos casos, entre los funcionarios del Poder Judicial y los del Ejecutivo.
Aunque también surge un caso como el de Córdoba, donde la suba para la Justicia fue otorgada sin ser objetada por el gobierno de José Manuel de la Sota.

Esta avanzada que se da en la Justicia provincial -que en algunos casos incluye también a los empleados judiciales- cobró mayor fuerza tras la decisión de la Corte Suprema nacional, que a mediados de diciembre, y en medio de una serie de desentendidos con el Consejo de la Magistratura, finalmente dispuso subas de 30% para todos sus magistrados y de 10% para empleados.

El enfrentamiento más fuerte se vive en Mendoza, donde se está llegando a un principio de acuerdo, luego de que esta semana el gobierno del radical Julio Cobos decidiera ceder y comenzar a hablar de aumento, tras sufrir durante 2003 y 2004 embargos por parte de magistrados provinciales (el último pedido en este sentido fue el lunes pasado). Los jueces exigen indexación de sus sueldos acorde con el índice de inflación, amparándose en un decreto firmado en 1987.

En definitiva, Cobos prometió que enviará a la Legislatura un proyecto de ley para que los jueces comiencen a percibir subas de entre 17% y 32%, con un costo de $ 4,5 millones anuales para el Estado mendocino. Como contrapartida, el Ejecutivo pide que los magistrados renuncien a sus demandas y al reclamo de indexación.

Por su parte, la Asociación de Magistrados de Catamarca evalúa presentar un recurso de amparo para la adecuación salarial de la Justicia. El ministro de la Corte de Justicia catamarqueña, José Cáceres, reafirmó ayer la necesidad de un aumento de haberes, argumentando que «son los más bajos del país».

Según Cáceres, «nadie quiere trabajar en el ámbito de la Justicia porque se gana mucho más en la actividad privada».

En tanto, la Corte bonaerense se enfrentó con el gobierno de Felipe Solá a mediados de diciembre. Los ministros judiciales reclamaron por entonces subas salariales para sí y para empleados de ese poder, a la vez que exigieron que el Presupuesto 2005 les destinara una suma de $ 800 millones.

Finalmente, en Córdoba, desde enero los jueces percibirán subas de entre 13% y 15%. En una decisión que no fue objetada por el gobierno de De la Sota, el Tribunal Superior de Justicia decidió en su última acordada de 2004 otorgar $ 150 no remunerativos a 1.325 funcionarios y magistrados. La mejora ya era cobrada desde junio último los restantes 4.074 agentes judiciales.