Legislatura postergó tratamiento de leyes clave para Felipe Solá

Sobrevuela también un móvil político. Teniendo en cuenta que la suspensión no estaba en los planes de nadie, sale a relucir la falta de homogeneidad en el bloque del Frente para la Victoria (FpV), donde los felipistas deben compartir espacio con hombres del ministro del Interior, Aníbal Fernández.
 Pase de factura
«Hay discusión sobre diversos temas. Todavía no terminamos de redactar la reforma penal y entiendo que también falta trabajo en temas impositivos», argumentó el diputado Raúl Pérez (FpV) poco después de las 19, cuando era un hecho la caída de la sesión. De este modo, oficialmente se dijo que en todos los casos se trata de leyes complejas y la jornada de ayer no dio tiempo para terminar de pulir diferencias. «También se puede leer como un pase de factura al titular de la Cámara (el diputado Ismael Passaglia) y a Solá», razonó ayer una fuente legislativa.
Lo conflictivo de la jornada comenzó con la caída de la reunión que el ministro de Economía, Gerardo Otero, tenía prevista para las 18 con representantes de ambas cámaras. Ante las dificultades de lograr consenso entre legisladores, diputados del FpV llamaron al ministro para postergar el encuentro para hoy a la mañana. Se espera que las sesiones suspendidas se concreten hoy, a partir del mediodía, luego de terminar de acordar diferencias y redactar los textos a sancionar.
Justamente ayer, en un acto en la localidad de Berisso, Solá había manifestado su deseo de que «tengamos un Presupuesto antes de terminar 2006 y sin problemas» y que esté «votada la ley que modifica los procedimientos en la justicia penal de la provincia».
 Diferencias
Entre las leyes que estaba previsto aprobar ayer, la creación de nuevos impuestos a la «riqueza» fueron materia de polémica. Los cambios incluyen la creación de un nuevo tributo que regirá a partir de 2010 y será, literalmente, para gravar la «riqueza»; en tanto, a partir de enero se prevé una nueva imposición a los Activos Financieros -dentro y fuera del país; y la aplicación de alícuotas extra para este último gravamen y también para Inmobiliario Urbano y Automotor.
Estas alícuotas extra afectarán a contribuyentes con un total de propiedades con valor superior a $ 500.000 y serán -en cada tributo- de 0,25% cuando los bienes estén valuados entre $ 500.000 y $ 700.000; de 0,50% para valores de entre
$ 700.000 y $ 1,2 millón; de y 0,75% en casos superiores a este último monto. Quedarían involucrados unos 100 mil contribuyentes y la provincia espera recaudar $ 300 millones.
La duda de varios legisladores -opositores y del FpV- apuntó a los problemas que podría causar esta nueva política impositiva en caso de que la Justicia determine que se trata de una «doble imposición», teniendo en cuenta que Nación ya cobra Ganancias y Bienes Personales.
A su vez, en cuanto el clima político favoreció posturas opositoras a las propuestas de Solá, también surgieron diferencias por los montos que recibirán los municipios en las partidas 2007 -habitual prenda de cambio en negociaciones por presupuesto- y en los cambios que se deberían aplicar a la reforma del Código Procesa Penal que, entre otros puntos, elimina el Tribunal de Casación y crea juzgados orales de juicio unipersonales, para triplicar su cantidad y llegar a 210.