Más grave ahora, la crisis

Ahora, en un nuevo capítulo de este sainete, dirigentes de distintos sectores vinculados con el mazismo están analizando la posibilidad de impulsar una revocatoria popular, una medida prevista por la Constitución provincial, para que la ciudadanía vote la remoción de aquellos diputados que «no han cumplido el mandato recibido, o que por el mal desempeño en sus funciones han dejado de merecer la confianza depositada en ellos por el pueblo».
La iniciativa apunta contra los 18 diputados que responden al vicegobernador y que encabeza el jefe del bloque Mario Guzmán Soria.
El artículo 76 de la carta magna dice que: «Declárase que las bancas de toda representación legislativa pertenecen a los partidos políticos que han intervenido en el acto electoral y han nominado sus candidatos».
«Cada partido tiene la atribución de determinarse la forma que es ejercida su representación o mandato responde al programa y doctrina política que sirvió para la exaltación del candidato al cargo que ostenta», agrega la Constitución.
La medida, según anticipó Rioja Virtual, debería ser pedida por el Partido Justicialista ante el Tribunal Electoral provincial. Aunque varios de los legisladores alineados con el bederismo fueron electos por el Partido de la Victoria.
Esta posibilidad se abre a pocos días de que el Tribunal Superior de Justicia declarara la existencia de un «conflicto de poderes en la provincia», al hacer lugar a una presentación hecha por el gobierno de Maza que denunció el «avasallamiento de la función legislativa», al sancionar leyes que alteraban su política económica.
Al admitir la existencia de un conflicto de poderes, los jueces del Tribunal Superior Angel Avila y José Nelson Luna Corzo y el juez de Cámara Víctor Ascoeta, declararon «la concurrencia de un caso de conflicto de competencias en los términos del artículo 141 inciso segundo de la Constitución de la provincia, entre las funciones ejecutiva y legislativa del Estado provincial».
La sentencia recayó en la causa iniciada tras una presentación del gobierno que consideró la existencia de un «avasallamiento de sus funciones», luego de que la Cámara -con el voto de los diputados alineados con el vicegobernador- sancionó las leyes 8.041 y 8.034, por la cual obligó al Ejecutivo a incrementar los recursos destinados a gastos de funcionamiento a los municipios de Capital y Arauco.
Las leyes fueron vetadas por el gobierno, pero la Cámara rechazó los vetos e incluso las modificó, disponiendo transferencias de recursos coparticipables sin que exista un acuerdo previo entre la provincia y las comunas.
Ahora el Tribunal deberá resolver sobre la cuestión de fondo.