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Stand By. En la Casa de Gobierno, Rodolfo Suarez aseguró que no promulgará la ley y que, en consecuencia, “no estará vigente”. Repudió los hechos de violencia y las amenazas a funcionarios de la provincia.
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El gobernador de Mendoza, el radical Rodolfo Suarez, suspendió la reglamentación de los cambios a la Ley 7.722 para habilitar el uso de sustancias químicas en desarrollos mineros, luego de las protestas que llevan una semana en la provincia. Ahora convocó a una ronda de consultas con distintos actores sociales y políticos locales para buscar un consenso que destrabe la implementación de la nueva ley, que ya fue aprobada por la legislatura mendocina con acuerdo del oficialismo y del PJ, partido que ayer pidió la derogación de las modificaciones.
No se trata de una marcha atrás del Gobierno, sino de un stand by, en donde Suarez buscará convencer a ambientalistas y otros sectores sobre los controles que efectuará para evitar potenciales contaminaciones de los proyectos mineros, que en la provincia creen claves para un despegue económico. La primera convocatoria fue a la Iglesia Católica y otros credos religiosos. De hecho, una de las voces que se había alzado contra las modificaciones de la Ley 7.722 fue la del arzobispo Marcelo Colombo, quien ayer por la tarde se reunió con el gobernador.
“No voy a reglamentar la ley, no estará vigente”, afirmó Suárez, y así anunció el llamado “para una gran convocatoria al diálogo”. “El primer deber que tiene un gobernador es garantizar la paz social”, indicó el mandatario en conferencia de prensa. Tampoco descartó llamar a una consulta popular, tras resaltar que personalmente lo que más desea es “cuidar el agua”.
Sin embargo, el mandatario criticó “los hechos de violencia, cortes de ruta, quejas de ciertos sectores, algunos muy violentos” y recordó que hasta recibió “amenazas y hostigamientos”. “Nosotros contemplábamos esos grupos violentos que siempre están, pero estamos viendo que esto ha tenido otra dimensión. Bastan dos minutos de explicación para demostrar que esto (el tema de la contaminación) no es así”, agregó el gobernador.
La referencia fue, en primer lugar, a las marchas del lunes que se realizaron en la capital provincial, que terminó con 19 policías heridos y 16 manifestantes detenidos. Asimismo, apuntó a los mensajes intimidatorios que recibió vía WhatsApp el fin de semana, y por los cuales hay cuatro personas imputadas.
También remarcó la importancia de la minería para la economía en una provincia “donde el 40% de la población está por debajo de la línea de pobreza”.
En despachos mendocinos creen que la ronda de consultas llevará “entre uno y dos meses”, pero dejaron en claro que la voluntad del Gobierno es que la ley esté operativa. Y despejar temores respecto de los controles en el uso de sustancias como cianuro.
Si bien la iniciativa surgió inclusive antes de la asunción de Suarez, en tiempos donde el gobernador era Alfredo Cornejo, el peronismo dio aval a la ley, introduciendo pedidos muy generales, casi implícitos en la ley. También hubo intención de Nación de avanzar con una readecuación de la ley provincial, no sólo en Mendoza, sino también en Chubut.
El tema fue eje de la reunión de hace diez días entre Suarez y Alberto Fernández (cuando el Presidente recibió a los mandatarios radicales en la Casa Rosada) y luego fue puntualizado por el secretario de Minería, el sanjuanino Alberto Henesel. Justamente, fue San Juan la provincia en donde más avanzó la actividad y que el titular de la cartera nacional haya sido un funcionario de Sergio Uñac, es -además de un gesto político- una señal hacia las empresas.
Eso no impidió que el presidente Alberto Fernández se reuniera el lunes con la senadora nacional por el Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, para “interiorizarse” sobre las movilizaciones y protestas que había arrancado el fin de semana en el Valle de Uco. “Sé que es un conflicto de la provincia, pero me preocupa la tensión social”, expresó Fernández. Ayer, el PJ local se despegó del costo político en un comunicado en el que pidió “que se derogue la norma mencionada para comenzar la búsqueda del consenso”. “Sin licencia social no se puede avanzar en cambios sustanciales para la sociedad”, dice el texto.
En tanto, ayer, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, afirmó: “La ley mendocina que habilita la minería evidentemente no está obteniendo consenso social. Y es un tema que tienen que resolver el gobernador y la Legislatura. Los únicos que pueden frenar esta situación son ellos”.
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