Montoya estrenó cargo y anunció 7.000 juicios por $ 500 millones

Buenos Aires - Con el inminente inicio de juicios a más de siete mil contribuyentes con deudas por un monto total de entre 300 y 500 millones de pesos con el fisco, y fuertes campañas para combatir la evasión impositiva en la provincia, el gobernador Daniel Scioli puso ayer formalmente en funcionamiento la flamante Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA).
«Tenemos que crear conciencia que el Estado para responder a las necesidades de la gente, debe contar con ingresos genuinos y para eso hay que facilitar la tarea de los contribuyentes y hacérsela cada vez más difícil y con mayor castigo a los evasores», sostuvo Scioli.
Scioli encabezó en La Plata el lanzamiento de ARBA, el organismo que reemplaza a Rentas para el cobro de los impuestos bonaerense y que estará a cargo de Santiago Montoya. El gobernador dijo que trabaja junto a sus ministros, principalmente el de Economía, «para articular una política económica que nos permita mejorar la inversión del Estado en educación, infraestructura social y salud».
Scioli ponderó la labor de Montoya -uno de los funcionarios que participó de la gestión de Felipe Solá- y le agradeció su vocación «por buscar una recaudación más justa y más igualitaria» y resaltó que «con esta nueva herramienta podrán hacer más exitosa su tarea para el bien de la provincia».
«A la gran vocación y a ese espíritu incansable que tiene Montoya había que acompañarla con la voluntad política. Como gobernador había asumido un compromiso para crear la Agencia y ahora acá está», resaltó.

Presencias

Durante el acto, realizado en la sede regional de ARBA, en la capital bonaerense, estuvieron presentes además de Montoya los ministros de Economía, Rafael Perelmiter; de Producción y Asuntos Agrarios, Débora Giorgi y el titular de la Cámara de Diputados, Horacio González.
Tras el acto, Montoya aseguró que «son casi 200 años que han pasado hasta que la provincia produce un cambio de esta magnitud» y resaltó el apoyo del gobernador para posibilitar que el organismo recaudador funcione de manera autónoma.
Además, adelantó que durante este mes se iniciará juicio a alrededor de 7 mil contribuyentes que mantienen deudas con el fisco por un monto total de entre 300 y 500 millones de pesos.
En este marco, ayer la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) pidió a Montoya una reunión de carácter urgente, a raíz de recientes declaraciones del funcionario, en las cuales denunció una evasión del sector de cerca de $ 1.000 millones anuales. «Es una expresión desacertada, porque habla de un sector, el agro, como un circuito marginal, lejos de lo real», aseguraron. «Cumplir con la ley no es pegarle a nadie, como plantea el campo», contraatacó Montoya.
Más allá de estos tironeos, el nuevo organismo funcionará de manera autónoma -al no depender del ministerio de Economía, como lo hacía Rentas-, tendrá mayor capacidad operativa y contará con una sede central en La Plata.
Además, tendrá sucursales en Capital Federal, Vicente López, San Isidro, Morón, Avellaneda, Lomas de Zamora, Mar del Plata, Mar de Ajó, Bahía Blanca y Tandil.
ARBA fue creada por ley el 4 de diciembre y había sido considerada por Scioli como una «herramienta fundamental» para llevar adelante su gestión al frente de la provincia.
Según la ley, es la responsable de ejecutar la política tributaria -al poder determinar, fiscalizar y percibir los tributos- y estará a cargo de un director ejecutivo que durará cuatro años en su gestión.
La agencia cuenta, además, con un Consejo Asesor integrado por un representante del ministerio de Economía, dos legisladores, tres «expertos» en materia tributaria, catastral o registral y dos representantes de los municipios. Absorbió a siete reparticiones que funcionaban bajo la órbita de Economía y que eran la subsecretaría de Ingresos Públicos, dirección de Rentas y Catastro, Defensa del Contribuyente, Servicios Informáticos, Auditoría e Investigación.
La Agencia se financiará con 3,5% de la recaudación fiscal por lo que, suponiendo que llegue a los $ 13.000 millones previstos para este año, el presupuesto sería de alrededor de $ 450 millones.
En los fundamentos del proyecto se consignó que la falta de integración de las áreas tributarias «no se compadecen con las modernas tecnologías administrativas en uso en otras administraciones tributarias del país y de estados europeos y americanos».
Además, se sostuvo que «el sistema de detección y recupero de deuda en mora ha sido condicionado por pautas estructurales y procesos disímiles ejecutados en forma segmentaria, lo que le quitó coherencia y organicidad, por lo que no ha sido suficientemente eficaz en la lucha contra la evasión».