Nombran reemplazo de intendente misionero

Escalante dijo que se hará cargo de la parte administrativa, no así del patrimonio contable e institucional, que fuera destruido en el ataque e incendio de la Municipalidad el lunes por la tarde, que dejó como saldo 30 policías heridos y daños materiales irreparables. Por los hechos la Justicia detuvo a cinco personas y no descartó que en las próximas horas puedan sumarse nuevos allanamientos en busca de los responsables.
Por ahora, los concejales, quienes además se declararon en sesión permanente, se instalaron en dependencias de la oficina de Acción Social del municipio, donde se distribuye la ayuda que llega desde los gobiernos provincial y nacional.
En tanto, en las últimas horas volvió la calma a San Vicente -denominada también «Capital Nacional de la Madera»- aunque cerca de un centenar de vecinos y productores agropecuarios continuaban reunidos en la Plaza del Pueblo insistiendo con la renuncia del cuestionado intendente misionero.
Por su parte la ministra de Gobierno de Carlos Rovira, Claudia Gauto, llegó a San Vicente -en helicóptero, porque las rutas estaban cortadas- y se entrevistó con el juez de instrucción Juan Carlos Canteros, que investiga los graves hechos de violencia, y con el jefe de la Unidad Regional VIII, comisario Martires Céspedes.
Según la funcionaria, se está trabajando fuertemente en esclarecer el hecho e individualizar a los responsables de los atentados, tanto a la municipalidad como a la comisaría local, mientras avanza en el eje de la investigación la hipótesis que acusa como responsables de los disturbios del lunes a «infiltrados políticos».

El martes, el juez Canteros allanó las oficinas de una radio local y de una empresa de televisión por cable, que fueron acusadas por vecinos y dirigentes políticos de incitar a la violencia desde sus respectivas emisoras. Incluso, afirmó, «uno de los dueños del canal es uno de los sospechosos».
El lunes por la tarde, unos 2.000 manifestantes, entre ellos gran parte de productores, destruyeron la municipalidad de la localidad de San Vicente en reclamo de la entrega de «subsidios agropecuarios» prometidos y no concretados para hacer frente a la emergencia económica producida por la sequía de 2005.