En el día después del anuncio de Cristina de Kirchner, los gobernadores volvieron a mostrar su satisfacción por la refinanciación de las deudas provinciales, aunque procuraron ponerles límites a riesgosos rebotes en sus distritos: advirtieron que destinarán masivamente los recursos que ahora quedan liberados a obra pública y asistencia social pero que no contemplan -al menos, a priori- una catarata de recomposiciones salariales.
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No será, sin embargo, una empresa sencilla: por caso, ayer el correntino radical Ricardo Colombi debió salir a calmar la ansiedad gremial con la promesa de una mejora de sueldos en julio, tras allanarse el horizonte en materia de su deuda con el Palacio de Hacienda nacional.
La aclaración de los mandatarios no es antojadiza: apenas terminado el discurso de la Presidente, los dirigentes sindicales del interior redoblaron su retahíla de reclamos de mejoras de sueldo, a partir del hecho de que hasta diciembre del año que viene las provincias no deberán pagar vencimientos de deuda al Gobierno nacional, su principal acreedor.
Recalcan los gremios que, de esta manera, quedarán liberados millonarios fondos para desplegar nuevas concesiones. Toman nota además de un dato no menor: la inminencia del electoral 2011 los deja en mejores condiciones a la hora de ejercer presión, bajo la amenaza de postales de agitación social que los Ejecutivos buscan esquivar por su impacto en votos.
También agendaron el alivio de las arcas locales los líderes de las oposiciones en las provincias, que ya exigen a los Gobiernos anuncios de corte salarial y hasta piden cambios en los presupuestos para contener esa asistencia.
Un caso emblemático y testigo es la provincia de Buenos Aires, que gobierna el justicialista Daniel Scioli. Allí el jefe de Gabinete, Alberto Pérez, salió a aclarar ayer que la oxigenación de las cuentas bonaerenses no derivará en una reapertura de la discusión salarial con los estatales, con quienes -remarcó- se llegó a un acuerdo «para todo el año».
«En febrero hemos dado un aumento desdoblado; la segunda parte se cobrará el mes que viene, y esto es un acuerdo para todo el año que ya veníamos con posibilidad de cubrirlo», dijo.
El plan de desendeudamiento anunciado desde Balcarce 50 le representa a Buenos Aires un ahorro de al menos $ 3.300 millones en 2010 y de $ 5.600 millones en 2011.
En sintonía, desde Chaco, el gobernador justicialista Jorge Capitanich destacó que «no se trata de aprovechar la menor detracción de recursos para el pago de deuda para incrementar de modo irresponsable el gasto», y afirmó que «es una oportunidad histórica para construir responsabilidad fiscal».
La idea es «tener la capacidad de administrar de un modo extremadamente responsable, con metas de superávit fiscal primario y financiero, de reducción de deuda en términos de producto bruto geográfico y respecto a otros indicadores», agregó. A partir de este escenario, la pretensión de Capitanich es, entre otros ejes, generar un «fondo anticíclico» para garantizar el pago de salarios a término y la cancelación de deudas con proveedores.
Mientras tanto, el resto de los gobernadores beneficiados por el anuncio de la reprogramación global de la deuda también salió ayer a adelantar sus planes a partir de la liberación del compromiso de pagar vencimientos en 2010 y 2011.
Por caso, el mandatario de Mendoza, el peronista Celso Jaque, anticipó que el Plan de Desendeudamiento lo ayudará a concretar «más obra pública y mejorar la calidad de vida de los mendocinos». En sintonía, el cordobés justicialista Juan Schiaretti -quien logró reducir en $ 1.000 millones su rojo con Nación- aseguró que «los recursos que antes tenía que destinar al pago de la deuda, ahora serán utilizados para obras». «Vamos a invertir en hacer más hospitales y reformar los que existen; vamos a construir más aulas y escuelas, y también haremos más comisarías en el interior», adelantó.
El pasado lunes, Cristina de Kirchner anunció un programa para refinanciar las deudas provinciales con Nación por cerca de $ 65.500 millones, que contempla una reprogramación de pasivos a 20 años de plazo -con un período de gracia hasta diciembre de 2011- y la eliminación del ajuste por el CER, con un ahorro del 40% en el pago de capital e intereses entre este año y 2015.
La concesión, en rigor, esconde el origen real del financiamiento que sostiene esa medida: $ 9.800 millones en Aportes del Tesoro Nacional que pertenecen naturalmente a las provincias, y el hecho de que ahora a Nación le quedan libres otros $ 11 mil millones, monto previsto en el Presupuesto 2010 para sostener el ya caído Programa de Asistencia Financiera (PAF).
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