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Las retenciones en cuestión habían sido realizadas para la conformación de un fondo extraordinario de financiamiento de la disuelta Caja de Previsión Social provincial.
Según informaron ayer fuentes de la Fiscalía de Estado, La retención que debe ser devuelta alcanzó a unos 34 mil estatales, 29 mil bajo dependencia del gobierno provincial y otros 5 mil de distintos municipios,
El aporte abolido en primera instancia por la Justicia provincial, en decisión ahora ratificada por la Corte Suprema, fue implementado en carácter extraordinario durante el mandato del ex gobernador
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