Para evitar suba impositiva, refuerzan lucha antievasión

La avanzada no es antojadiza: 2006 ya dio sus señales de alerta durante el primer trimestre, con un fuerte aumento del gasto, con suba de salarios a la cabeza, y una tendencia a la reducción del superávit en comparación con los ciclos anteriores.
La partida salarial afecta al menos 50% de los presupuestos provinciales y se estima que, por causa de las subas otorgadas a empleados estatales, el superávit 2006 caería cerca de 20% en comparación con el del año anterior.
 Reformas
El gobierno santafesino es la novedad de esta semana. El mandatario justicialista, Jorge Obeid, decidió dar un volantazo y ayer cambió la conducción de la Administración Provincial de Impuestos (API). Según se anunció, se trata de un plan para elevar el perfil del organismo y aumentar la «percepción de riesgo» de los contribuyentes morosos y evasores.
Asumió al frente de la oficina recaudadora el rosarino Héctor Serravalle -Obeid sigue cumpliendo su promesa de «rosarinizar» el gabinete-, en reemplazo de Manuel Villabrile.
El nuevo funcionario tiene ahora la misión de incrementar el control fiscal sobre un núcleo de grandes contribuyentes en distintos puntos de la provincia. Como antecedente existen las intimaciones que se enviaron a unos 800 grandes deudores del Impuesto Inmobiliario del municipio de Rosario.
Tras largo meditar, el ministro de Hacienda, Walter Agosto, aceptó seguir la senda de Montoya para buscar eficientizar el cobro de impuestos, incluyendo el hasta ahora resistido aumento de la imagen mediática de la Oficina de Rentas.
A diferencia de Buenos Aires, los impuestos no subieron en Santa Fe, y la idea de Obeid es optimizar el cobro de haberes ya que, por caso, en la Casa Gris están muy molestos con la actitud de muchos morosos de impuestos provinciales que, sin embargo, sí pagan a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
 Percepción de riesgo
Como se señaló, el objetivo del gobierno santafesino es «incrementar la percepción de riesgo», no sólo endureciendo los controles fiscales, sino también transmitiéndolos. De este modo, el cambio en la conducción vendrá de la mano de un plan de fiscalización e intimación más duro hacia un núcleo de grandes contribuyentes de distintos puntos de la provincia y también en la Capital Federal.
Por caso, unos 800 grandes contribuyentes rosarinos deben en concepto de Impuesto Inmobiliario urbano unos
$ 18 millones, casi 60% del monto total adeudado por ese tributo.
La reconversión de la API santafesina arrancará con la licitación del nuevo sistema informático del organismo, en un plan que implica el desembolso de entre u$s 2 y u$s 4 millones, según publicó el diario rosarino «La Capital».
Como ejemplos de provincias en combate contra la morosidad impositiva cabe recordar que en el caso de Buenos Aires incluyó la aprobación de superpoderes, que Montoya obtuvo por ley en diciembre de 2005. De este modo, el funcionario de Solá vio crecer su abanico de posibilidades para exigir a los contribuyentes que se pongan al día, esto incluye el secuestro de automóviles y embargos sin previa orden judicial.
A través de su avanzada antievasión, Montoya espera recaudar durante 2006 unos
$ 11.000 millones para poder superar las marcas del año pasado ($ 8.400 millones) y de 2004 ($ 7.000 millones). La cruzada incluye el cobro de millonarios juicios iniciados a evasores durante 2005, por más de $ 1.500 millones. No se trata de un embate menor, ya que Solá necesita este año acceder a un financiamiento adicional de $ 2.500 millones para poder cerrar sus necesidades de caja.
En Tucumán, el gobierno de José Alperovich logró que la Legislatura aprobara la reforma del Código Tributario, para que se comiencen a aplicar embargos de bienes y cuentas bancarias, pero a diferencia de Buenos Aire, siempre mediando orden de la Justicia.
En Misiones, en tanto, el gobierno de Carlos Rovira logró en la aprobación en la Legislatura de una amplia reforma fiscal, que incluye una dura embestida contra la evasión fiscal, mediante la apertura de cajas de seguridad, el allanamiento de viviendas y oficinas, y el embargo de cuentas y sueldos, sin orden judicial.
Por su parte, en Tierra del Fuego, la administración de Hugo Cóccaro intenta aumentar la recaudación en varios frentes. Por caso, reforzó la presión sobre empresas petroleras y analiza eliminar la tasa cero que beneficia a algunas firmas de servicios, fundamentalmente de turismo.