Pese a estar custodiada por gendarmes, los petroleros ingresaron ayer a la planta del yacimiento de Las Heras III (YPF) y cerraron la válvula de bombeo.
Santa Cruz - En medio de escenas de tensión con gendarmes que se encontraban apostados en el lugar, cerca de 100 trabajadores petroleros tomaron ayer una planta de YPF en la localidad de Las Heras y agravaron así aún más la crítica situación que se vive en el norte santacruceño, donde docentes bloquean desde hace más de un mes yacimientos en esa localidad y en Pico Truncado, en paralelo a una huelga salvaje que cumple hoy 46 días hábiles consecutivos.
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Con crudeza, ayer el gobernador Daniel Peralta hizo un llamado a la reflexión a los sectores involucrados y advirtió que se está ante el riesgo de «una confrontación social», si la metodología de los bloqueos a la producción se mantiene. También resaltó que «está en juego el devenir institucional» de la provincia y que «va a entrar en riesgo la cadena de pagos del sector comercial y de todo el sector productivo», con «un quebranto económico» y «miles de despidos».
«No esperamos que Nación venga a socorrer a Santa Cruz cuando hay muchos lugares del país que tienen situaciones de mucha más injusticia histórica», enfatizó.
La embestida genera fuerte preocupación en YPF, es que además de la escalada de tomas y protestas sin límite, reina la incertidumbre en torno al estado general de los empleados que revisten en la compañía y de las instalaciones tomadas.
Este nuevo foco de presión se dio en paralelo a las advertencias lanzadas desde el Gobierno del justicialista Daniel Peralta, que volvió a señalar que por las millonarias pérdidas en regalías peligra el pago del medio aguinaldo.
«Estamos muy complicados y no estamos en condiciones de asegurar el pago del aguinaldo y ni siquiera de tener una fecha cierta; esa es la realidad y no le podemos mentir a la gente», admitió el ministro de Economía local, Diego Robles, además de remarcar que la provincia ya perdió en regalías «casi la totalidad del importe que significan los aguinaldos» y que la protesta docente es «cuasi extorsiva».
Para abonar los aguinaldos se requieren $ 170 millones, mientras que por el paro petrolero de abril y los bloqueos docentes de mayo se dejaron de recaudar $ 190 millones.
En el caso de la toma de ayer de la planta de Las Heras, se trata de un rebote previsible de la parálisis que sufre la producción petrolera de la región, castigada desde el pasado 1 de abril por una sucesión de medidas de fuerza que mantienen en vilo al sector. En las últimas horas, YPF confirmó que no pagará desde el 1 de junio a empresas contratistas los servicios no prestados, en el marco del freno que atraviesa la producción de hidrocarburos. Esa medida profundizó el malestar de las firmas del sector. En tanto, ayer el gremio docente brindó su apoyo a la toma de los petroleros.
Ante este escenario, cerca de 100 trabajadores petroleros de empresas de servicios petroleros de la zona norte tomaron ayer una planta de procesamiento de crudo de YPF en Las Heras (Las Heras III) y cortaron el bombeo de crudo hacia el oleoducto, mientras que otros tantos aguardaban en la zona. En el interior de la planta se encontraban cerca de 50 gendarmes resguardando las instalaciones, quienes efectuaron disparos al aire para intentar disuadir a los manifestantes, mientras que ayer no se descartaba la llegada de refuerzos de esa fuerza de seguridad.
La paralización del bombeo de la planta de LH3 implica frenar el 80% del bombeo de crudo que produce Santa Cruz y afecta en forma directa a Sinopec e YPF.
Los trabajadores protestan -aseguraron- por la falta del pago de sueldos por parte de algunas de las 22 empresas contratistas, el despido de 15 personas y el envío de 120 telegramas «intimando» a presentarse a trabajar, pese al bloqueo docente en yacimientos. Pero las firmas alegan que las afecta de lleno la decisión de YPF de frenar los pagos.
«Si se les cortan las vías de facturación, a las empresas no les queda más remedio que suspender al personal», advirtió -en declaraciones difundidas por El Patagónico- el titular de la Cámara de Empresas Regionales de Servicios Petroleros de la Cuenca del Golfo San Jorge, Matías Twardowski.
En este delicado marco, ayer el ministro de Trabajo nacional, Carlos Tomada, vinculó el prolongado conflicto docente al «proceso electoral», que «incide demasiado en un ámbito donde el empleo público impacta muy fuerte». Tomada además lamentó que ya se acumulen «más de 40 días sin que los niños puedan ir a la escuela» y confió que las autoridades provinciales podrán llegar a un acuerdo con el gremio, en sintonía con la postura de la Casa Rosada de no intervenir esta vez en el conflicto.
En las elecciones del 23 de octubre, Peralta aspira a lograr su reelección, pero además se suma el condimento que genera la localía que ejerce Cristina de Kirchner en el distrito.
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